La oposición deplora la escasa financiación del traspaso de competencias educativas

La cifra de 255.000 millones de pesetas es pequeña, casi raquítica, para el traspaso a la Comunidad de Madrid de las competencias en educación no universitaria. Éste es el diagnóstico unánime que emitieron ayer los partidos de la oposición -PSOE e IU- y los sindicatos al conocer el principio de acuerdo entre la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, y el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, que ayer adelantó este diario y ambas partes firmarán esta misma mañana. El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, pidió la dimisión del actual consejero, Gustavo Villapalos, mientras que el responsable en educación de IU, Jaime Ruiz, abogó por la presentación de una moción de censura contra el propio Ruiz-Gallardón.En el documento de dos folios que hoy se rubrica, las dos administraciones hacen consideraciones genéricas sobre la importancia estratégica de la educación y subrayan su propósito de colaborar para que el traspaso llegue cuanto antes. La única concreción del texto son los 242.285 millones del coste efectivo de 1998 (el directo -lo que cuesta prestar el servicio educativo- más el indirecto, de unos 2.000 millones, que es la parte de los servicios centrales del Ministerio imputable a la Administración autonómica), al que hay que añadir el incremento del 6% previsto para los presupuestos de 1999.

El montante global rondará los 255.000 millones, aunque ésta es una cifra aún modificable a tenor de cálculos posteriores, especialmente en el apartado de los conciertos (financiación pública para centros privados). La ampliación de la educación obligatoria a los 15 años (3º de ESO) en los dos primeros cuatrimestres de 1999 y a los 16 (4º de ESO) en el último cuatrimestre, elevará sustancialmente la financiación a los centros concertados, que en 1998 asciende a 45.000 millones.

Lissavetzky deploró el "oscurantismo y estivalidad" que han rodeado a la firma de este acuerdo, y recordó que, en una intervención en el Parlamento autonómico, Villapalos cifró el importe de las transferencias en 327.000 millones. Por tanto, se genera un agujero de 75.000 millones "que pone en peligro el prestigio del sistema educativo madrileño".

El parlamentario de IU Jaime Ruiz prefirió elevar el punto de mira de sus críticas. "Este acuerdo es una subordinación, una bajada de pantalones de Ruiz-Gallardón ante el Gobierno central", lamentó, y predijo un curso 98-99 "bastante calamitoso". Villapalos apuntó ayer su confianza de que la cifra definitiva del traspaso ronde los 267.000 millones. Además, aclaró que esta cantidad se irá incrementando en un 5% durante cuatro años. Por su parte, el portavoz del PP, Manuel Cobo, vinculó el enojo de la izquierda con la noticia de que en Madrid se han creado 210.000 puestos de trabajo desde que su partido llegó al Gobierno regional. "Nunca creí que la creación de tantos empleos fuera a enfadar y entristecer tanto a la oposición", apostilló.

El acuerdo tampoco obtuvo buena acogida entre las centrales sindicales. El secretario para educación de UGT, José Vicente Mata, ironizó: "Dicen que éste es un momento de economía boyante, pero lo cierto es que la vaca no da leche y la escuela madrileña se va a quedar sin desayunar". Francisco García, de CC OO, también confiaba en un traspaso más generoso, pero hizo una lectura más optimista: "Me alivia librarme de los incompetentes gestores actuales. Es imposible que la Comunidad lo haga peor que la dirección provincial". Pedro Crespo, de la federación de padres de alumnos Giner de los Ríos, recordó que Madrid es la Comunidad autónoma con menos dinero por alumno.

El documento que firmarán Aguirre y Ruiz-Gallardón carece de valor jurídico y es, en la práctica, una declaración pública de intenciones, como reconoció ayer el propio ministerio en la nota de convocatoria. No obstante, el acuerdo atañe a 59.120 profesores (39.620 públicos y 19.500 privados), 1.842 centros (986 públicos y 856 privados) y unas 33.500 aulas (20.500 y 13.000).