Barrionuevo autorizó a Sancristóbal a seguir con el secuestro de Marey a pesar del error

El que fue el primer ministro del Interior de la etapa socialista, José Barrionuevo, autorizó al entonces gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, mediante una conversación telefónica, a seguir con el secuestro de Segundo Marey. Así lo recogen los hechos probados de la sentencia del caso Marey, que se hizo pública ayer. El texto explica que la decisión se adoptó a pesar de que en aquel momento Barrionuevo y Sancristóbal ya sabían que el secuestrado no era un terrorista de ETA, sino un ciudadano corriente que había sido hecho cautivo por error.

Julián Sancristóbal; el jefe de Policía de Bilbao, Francisco Álvarez, y el que era secretario de los socialistas de Vizcaya, Ricardo García Damborenea -llamado a la Jefatura Superior de Policía al conocerse que el secuestrado no era el etarra Mikel Lujua-, ya habían deliberado acerca de que "lo más conveniente era quedarse con Segundo Marey y llevarlo a la cabaña que tenían preparada para Lujua porque así podrían presionar a las autoridades francesas, en concreto para conseguir la liberación de los policías españoles que aún permanecían presos en Francia desde el 18 de octubre", cuando intentaron secuestrar al etarra Larretxea. Sin embargo, los tres consideraron necesaria "la autorización de Madrid" y la obtuvieron de José Barrionuevo.La sentencia destaca que durante esa noche, la del 4 de diciembre de 1983, y durante los siguientes diez días que duró el secuestro de Marey, Sancristóbal "habló con frecuencia con los señores Vera y Barrionuevo, que de este modo participaban en las decisiones y seguían las incidencias del caso".

Acciones en Francia

La resolución judicial describe la situación existente en 1983, cuando la actividad terrorista de ETA constituía un problema de primera magnitud, agravado por el hecho de que las autoridades francesas no colaboraban en la lucha antiterrorista y habían permitido que el sur de su país se convirtiera en un santuario para los etarras.Ello llevó a la convicción en diversos sectores sociales y políticos de la necesidad de actuar de algún modo en territorio francés. El Cesid estudió los pros y los contras de realizar acciones en el sur de Francia y propuso como forma de acción más aconsejable "la desaparición por secuestro". Ya en septiembre de 1983, otra nota de despacho del citado organismo anticipaba la realización de acciones violentas en ese país "en fechas inmediatas".

La sentencia recuerda el secuestro del capitán del Ejército Alberto Martín Barrios, ocurrido el 5 de octubre de 1983, como un hecho especialmente relevante. Y cómo, para intentar obtener informaciones con el fin de salvarle la vida, el subcomisario José Amedo, Sancristóbal y los jefes policiales Álvarez y Planchuelo plantearon la posibilidad de secuestrar en Francia al dirigente etarra José María Larretxea. Sancristóbal lo consultó con Vera y Barrionuevo, quienes dieron el visto bueno a la operación.

La acción, en la que intervinieron un inspector de policía y tres geos, fracasó cuando el etarra se resistió y los agentes fueron arrestados por la policía francesa. Al día siguiente, el capitán Martín Barrios apareció asesinado.

Ante el fracaso, Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo y Amedo organizaron un nuevo secuestro, pero utilizando mercenarios franceses reclutados por Amedo. El objetivo era Lujua y un millón de francos franceses el precio acordado con aquéllos.

La sentencia declara probado que Sancristóbal trató el nuevo secuestro con Vera y Barrionuevo en uno de sus frecuentes viajes a Madrid y obtuvo del primero el millón de francos, procedente de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

Los hechos probados relatan que, el 4 de diciembre de 1983, los mercenarios Pedro Sánchez, Mohamed Talbi y Jean Pierre Echalier llamaron al domicilio de Marey en la localidad francesa de Hendaya y cuando salió le inmovilizaron con un spray y le introdujeron en un coche. En el forcejeo, Marey perdió las zapatillas y sufrió la rotura de sus gafas.

Sánchez fue detenido por la policía francesa mientras Talbi, Echalier y Marey pasaron la frontera a pie por las inmediaciones de Dantzarinea (Navarra). Talbi fue al puesto fronterizo y los agentes, tras identificar al mercenario, llamaron a su superior, el comisario jefe de Pamplona, quien, a su vez, se comunicó con el delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, que se puso en contacto con Vera, en Madrid. Éste le dijo que no hicieran nada porque "se trataba de una operación de Bilbao". Roldán transmitió el mensaje al jefe de Policía y éste a Dantzarinea.

Amedo llegó, por fin, a la frontera y metieron a Marey en su coche, trasladándose todos al puesto fronterizo. Allí identificaron al secuestrado como Segundo Marey y se dieron cuenta por primera vez de que se había producido un error.

Los policías Francisco Saiz Oceja y Julio Hierro, siguiendo órdenes de Planchuelo, se dirigieron al túnel de Basauri, donde esperaron la llegada de Amedo con los mercenarios y el secuestrado. Posteriormente, le trasladaron a una cabaña, en la localidad cántabra de Colindres, que había sido alquilada con ese fin.

Los policías Luis Hens y Juan Ramón Corujo, siguiendo instrucciones de Planchuelo y de Hierro, fueron a la cabaña de Colindres, donde custodiaron a Marey, quien "pensaba que en cualquier momento le iban a matar". En todo momento, el cautivo estuvo sin poder ver, con algodones sujetos por esparadrapo que le tapaban los ojos, y casi sin comer.

Los mercenarios regresaron a Francia el 6 de diciembre tras cobrar 10.000 francos cada uno, cantidad inferior a la acordada porque el secuestrado no era Lujua.

A partir de ese momento, Sancristóbal y Damborenea redactaron los comunicados de reivindicación de la acción. También aprobaron otro comunicado con el ultimátum a las autoridades francesas de que, si no liberaban a los policías españoles en 48 horas, se ejecutaría a Marey. La puesta en libertad de los agentes se produjo en el plazo exigido.

Marey fue liberado en la madrugada del día 14. En su bolsillo le pusieron un comunicado firmado por los GAL que, elaborado por Sancristóbal, había sido traducido al francés por Michel Domínguez.

La sentencia declara probado que del millón de francos recibido por Sancristóbal se gastaron los 500.000 entregados a un comisario francés, otros 50.000 que recibió el mercenario Pedro Sánchez, los 10.000 que recibieron Talbi y Echalier y otros 5.000 en comidas, el arrendamiento de la cabaña... En total 575.000 francos (10.350.000 pesetas). El resto fue devuelto a Vera.

Aprobación de los jefes

El relato menciona que no se ha probado que existiera enemistad entre Vera y Baltasar Garzón, extremo alegado por el primero, ni que el juez hubiera amenazado o coaccionado a ninguno de los acusados.Los magistrados señalan que no tienen "duda alguna" de que la verdad de lo ocurrido se corresponde con las últimas declaraciones de Sancristóbal, Damborenea, Álvarez y Planchuelo. Y precisan: "Es concebible que este tipo de operaciones las pudieran hacer sin el control de sus superiores jerárquicos unos determinados policías o particulares, pero no lo es cuando quienes planean y organizan son personas que ejercen altos cargos provinciales, máxime cuando los son de distinta condición, la mayor autoridad del Ejecutivo en la provincia (el gobernador), el más significado representante del partido gobernante y los policías de mayor rango (el jefe superior y el jefe de la Brigada antiterrorista). No nos parece creíble que tales altas jerarquías en Vizcaya pudieran actuar sin el conocimiento y aprobación de los máximos responsables del Ministerio del Interior".