Simplemente prevaricación

LA FISCALÍA de Cataluña ha presentado una querella por prevaricación contra el presidente de la Sección Octava de lo Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Raposo Garín, y contra las otras dos magistradas que integran la Sala, por archivar una causa por delito fiscal alegando sin fundamento que había prescrito. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella y ha citado a declarar como imputados a los tres magistrados. De esta manera comienza la investigación de una causa que debe servir para corroborar o desmentir si los jueces dictaron una resolución a sabiendas de que era injusta, la más grave de las imputaciones que pueden hacerse contra quien tiene el deber de impartir justicia.A primera vista, el archivo de la causa acordado por la Sección Octava contradice una doctrina consolidada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según la cual la prescripción se interrumpe desde el momento mismo en que se produce la imputación de un delito. Jaime Sentís Abad, el ex gerente de Casinos de Cataluña encausado desde el 29 de noviembre de 1994 por un delito contra la Hacienda pública en los ejercicios de 1988 a 1990, no declaró ante el juez hasta el 12 de febrero de 1998, fecha que fue contabilizada por el juez Raposo para concluir que habían prescrito los delitos fiscales anteriores a 1993.

Los magistrados cometen errores, como cualquier otro profesional, pero en algunos casos, además de tomar resoluciones injustas, lo hacen a sabiendas. Es, sin embargo, excepcional que un juez sea acusado simplemente de prevaricación sin que se produzca a la vez una imputación por un delito conexo, a menudo el de cohecho, que proporcione un móvil o explicación a una actuación tan diametralmente contradictoria con la justicia.

La escasa utilización de la figura de la prevaricación para enjuiciar la labor de la judicatura no se debe únicamente a la dificultad de demostrar el dolo o intención, sino a un reflejo corporativo que tiende a blindar a los magistrados ante sus peores errores, que son los que se cometen con malicia y no siempre por mero interés material.

El primer caso en que se ha producido un procesamiento por prevaricación sin conexión con otros delitos es el del ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño. Las características singulares de la conducta judicial de Gómez de Liaño, que mantuvo abierto durante meses un proceso sin que existiera ningún delito que investigar, hacen difícilmente repetible un supuesto de prevaricación como el que actualmente instruye el Supremo contra dicho magistrado.

Este nuevo caso afecta a un juez significado por la excentricidad de sus sentencias, a veces claramente absurdas, y a sus dos compañeras de Sala, que no fueron capaces de impedir el supuesto desaguisado. La presunción de inocencia obliga a dejar abierta la posibilidad de que se trate de un simple error, es decir, de una resolución objetivamente injusta pero sin malicia por parte del tribunal. Pero el buen funcionamiento de la justicia obliga a los magistrados a situarse ante la ley y sus figuras delictivas en igualdad de condiciones respecto a los otros ciudadanos, y a ser objeto, por tanto, de control y, si es preciso, de imputación judicial cuando toman conclusiones al albur de sus arbitrariedades o caprichos.