La Junta marca nuevas distancias con Madrid por la OCM del aceite

El Gobierno andaluz volvió ayer a marcar diferencias políticas con el Ejecutivo central en su última reunión antes de las vacaciones de verano. Un decreto para pagar con fondos propios las medicinas excluidas de la sanidad pública y una decisión colegiada para instar a la impugnación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la OCM del aceite de oliva fueron algunas de las medidas aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno. La primera sí podrá verse en septiembre; la segunda podrá oirse y dará pie a un nuevo encontronazo político entre populares y socialistas.

El Gobierno andaluz quiere que el Reino de España interponga un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra la modificación de la organización común de mercado del aceite de oliva y autorizó al consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, a que inicie los trámites. Argumenta la Consejería de Agricultura que la reforma "viola" el Tratado de Roma al utilizar métodos de cálculos no veraces para establecer la superficie y la producción de aceite, por lo que, opina el consejero Paulino Plata, "no hay igualdad de trato" entre todos los productores de la Unión Europea. Andalucía no puede acudir al tribunal europeo, prerrogativa que únicamente tienen los Estados miembros de la Unión. A lo más que puede aspirar es a influir a conformar la voluntad de España dentro de la conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas en la que están presentes representantes de todos los gobiernos autónomos y el de la nación. Y es en este órgano, donde el Ejecutivo andaluz pretende lograr el apoyo de la mayoría de las regiones para instar a que España presente el recurso de anulación. "Rabieta" y "estupidez" Paulino Plata se mostró ayer optimista y puntuó con un 10 las posibilidades de éxito de la iniciativa, aunque horas más tarde la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, la calificó de "típica rabieta" y la portavoz de Agricultura del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Carmen Martínez de Sola, la encuadró como "la última estupidez que se le ha ocurrido" al consejero. Con todo, el responsable de Agricultura dijo que intentará conseguir el respaldo del resto de las 16 comunidades autónomas (tiene garantizado los de Castilla-La Mancha y Extremadura, gobernadas por el PSOE) y recordó que el apoyo que ahora reclama Andalucía tal vez lo puedan "necesitar en el futuro" aquellas que no se juegan nada con el aceite, pero sí con otras producciones agrícolas. En cualquier caso y suponiendo que la misión coseche la unanimidad, la opinión de la mayoría no vincula ni obliga jurídicamente al Gobierno de José María Aznar. "Espero que el Gobierno de España sea sensible a la medida", dijo Paulino Plata, quien afirmó que la mayoría del sector apoya el recurso -excepto la patronal agraria Asaja-, y las diputaciones y ayuntamientos andaluces. El consejero aseguró que el recurso de anulación ayudaría a ganar terreno con vistas a la reforma definitiva del aceite que se acometerá en el 2001 y recordó que Italia ya acudió al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para rebatir los datos de rendimiento de la campaña olivarera 1993-1994. Tres años más tarde, el tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, dictaminó en contra de los italianos y afirmó que los datos de producción que manejaban era muy superiores a los reales.