El Poder Judicial cree "racional" el decreto vasco de plantillas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial avaló ayer la propuesta de plantillas para los funcionarios de Justicia elaborada por el Gobierno vasco, decreto sobre el que pesa la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Ministerio de Justicia. El Poder Judicial considera que la propuesta -consensuada con los sindicatos y que cuenta con un dictamen favorable de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia vasco- "en cuanto determina perfiles y condiciones técnicas para el desempeño de algunos puestos de trabajo, ha de considerarse racional y acorde con los principios que se contienen en el libro blanco", según consta en las conclusiones aprobadas ayer por el pleno. Esta aseveración supone un varapalo para la interpretación restrictiva que ha realizado el ministerio que dirige Margarita Mariscal de Gante del texto remitido por el Departamento de Justicia. A juicio de la responsable de la Administración central, el documento de plantillas incurre en numerosas ilegalidades. Entre otras, la ministra ha criticado que se creen determinados puestos con perfil de euskera. Por el contrario, en las conclusiones elaboradas ayer por el Poder Judicial se subraya precisamente que la propuesta vasca supone una "adecuada definición de dichos puestos de trabajo y de tareas dentro de la organización". "Derecho a comunicarse" Junto al informe favorable que "con carácter general" dictó ayer el consejo sobre las plantillas vascas, el pleno expresó el "derecho a utilizar la lengua de la comunidad autonoma ante los órganos jurisdiccionales, propugnando la normalización lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia. Para el consejo, ante todo debe primarse la "efectividad del derecho a comunicarse y ser respondido en la lengua oficial elegida por el ciudadano, así como a que el proceso se desenvuelva en la lengua que resulte más adecuada al buen fin de la justicia en función de la pluralidad de sujetos intervinientes en él y de sus respectivas actitudes lingüísticas". Antes de que se conociera el dictamen favorable del Poder Juducial, el consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, pidió al Ministerio de Justicia que "tome nota del informe que va a aprobar el Consejo General del Poder Judicial y retire el requerimiento", paso previo a la presentación del recurso ante el Constitucional. A juicio del consejero vasco, la postura mantenida por Margarita Mariscal de Gante en todo este conflicto ha ido en "contra del proceso de modernización" de la Administración de Justicia en el País Vasco. Intxaurraga anunció que el consejo del Gobierno vasco responderá hoy al requerimiento de Justicia. Aunque las negociaciones entre ambas administraciones no han desbloqueado el conflicto, Intxaurraga dijo que "nos gustaría que no presente recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto".