La oposición amenaza a Clinton con un proceso de destitución si se niega a declarar

El fiscal especial Kenneth Starr ha conseguido acorralar política y jurídicamente al presidente Bill Clinton y relanzar al primer plano de la actualidad el caso Lewinsky. En una decisión sin precedentes en la historia de EEUU, Starr ha pedido la comparencia personal ante un gran jurado del primer mandatario norteamericano, cuyos abogados negocian contrarreloj con el fiscal para evitar a Clinton la humillación de hacer historia. La oposición republicana ha amenazado ya a Clinton con abrir un proceso de impeachment (destitución) si se niega a declarar.

La audaz maniobra de Starr podría sumir a este país en una crisis constitucional de resultados imprevisibles, ya que desde la fundación de la República ningún presidente en ejercicio ha sido citado a declarar personalmente ante un gran jurado. Los presidentes Thomas Jefferson, Richard Nixon, Ronald Reagan y George Bush sólo recibieron citaciones para someter documentos secretos a la consideración del gran jurado o de comisiones parlamentarias de investigación.Clinton puede elegir entre varias opciones para negarse a declarar, pero, en opinión de sus asesores, el coste político que tendrá, especialmente de cara a las elecciones legislativas del próximo otoño, sería inasumible para el presidente y los demócratas. De hecho, los republicanos, agazapados desde el comienzo del caso Lewinsky a la espera de una oportunidad para lanzarse a la yugular de Clinton, ya han empezado a enseñar sus cartas. El senador Orrin Hatch, presidente del Comité Judicial del Senado, manifestó el domingo que una negativa a declarar por parte del presidente podría dar lugar a la iniciación del impeachment (el proceso legal previsto por la Constitución para destituir a los presidentes) por parte de la Cámara de Representantes.

Las cuatro alternativas entre las que, según fuentes legales, puede optar Clinton son las siguientes: iniciar un procedimiento legal ante los tribunales, que terminaría en el Supremo, cuestionando la legalidad de la citación sobre la base de que sólo la Cámara de Representantes tiene autoridad para interrogar a un presidente en ejercicio. Este curso de actuación constituiría un arma de dos filos, tanto para Starr como para el presidente. Para el primero supondría la prolongación del caso durante meses, algo que el fiscal especial quiere evitar ante el hastío de la opinión pública. Para Clinton, el coste político sería considerable.

La segunda eventualidad consistiría en ignorar la citación, lo que daría pie a una apelación de Starr ante los tribunales por desacato. Nuevo embrollo constitucional y más desgaste político. Una tercera vía, rechazada de plano por los asesores de la Casa Blanca, sería comparecer ante el gran jurado y negarse a declarar invocando la Quinta Enmienda constitucional, que protege el derecho de los ciudadanos a no autoincriminarse.

Por último, la cuarta, y sobre la que aparentemente se centran las negociaciones entre los abogados de Clinton y la oficina de Starr, supondría la grabación del interrogatorio de Starr en la Casa Blanca para ser luego pasado a los miembros del gran jurado.

La Casa Blanca expresó ayer su decepción porque un tribunal de apelación estimara que Bruce Lindsey, el abogado de Clinton, no puede invocar la conficencialidad de las relaciones cliente-abogado para rechazar responder al gran jurado. Mientras tanto, Monica Lewinsky se entrevistó ayer con los fiscales del caso en lo que puede ser el primer paso para alcanzar un acuerdo que garantice su inmunidad.