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Los sindicatos rechazan la primera oferta del Gobierno para implantar las 35 horas

La negociación entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para aplicar la jornada de 35 horas semanales a los 30.000 funcionarios regionales, que ahora hacen 36,5 horas, sufrió ayer un serio revés.

El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, y los representantes de las centrales sindicales permanecieron más de dos horas sentados frente a frente para constatar que las diferencias entre sus planteamientos son todavía grandes.

Para Beteta, la reducción de jornada en hora y media semanal sólo implica la creación de 400 nuevos puestos de trabajo, todos ellos en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Mientras, los sindicatos multiplican este cálculo por cinco. El consejero regional se enrocó en la tesis de que la Administración "no es fuente de empleo, sino de servicios".

Los líderes sindicales salieron del encuentro cariacontecidos. "Por desgracia, nos encontramos ante serias dificultades", se apresuró a diagnosticar el coordinador del área pública de CC OO, Alberto Sánchez. Su homólogo ugetista, Juan Luis Martín, insistió en que la reunión con el consejero había sido "absolutamente decepcionante", y se quejó de que la buena acogida que el Ejecutivo de Ruiz-Gallardón dispensó a las 35 horas en sus declaraciones públicas "no se corresponda con la de las mesas de negociación, donde la postura de este Gobierno es bien diferente".

Hasta cinco titulares periodísticos recientes repasó Martín para avalar su tesis del doble rasero. Para Beteta, en cambio, el problema estriba en que los sindicatos no han leído bien, o no han querido hacerlo, su propuesta del pasado día 22. "En ella ya advertíamos de que el coste presupuestario [la reducción de la jornada] debía ser bajo, muy bajo". ¿De cuánto? En un primer momento, según los cálculos del responsable de las cuentas autonómicas, de unos 1.400 millones de pesetas en el capítulo de personal, "una cifra asumible si se tiene en cuenta que esa partida asciende a más de 100.000 millones". Y no sólo eso. El consejero de Hacienda aventuró que el coste de la medida "tenderá a cero a medio plazo", porque el pequeño desembolso inicial se verá compensado por el incremento de la productividad de los funcionarios en la Administración autónoma.

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Petición de UGT

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Beteta confirmó, en efecto, que su apuesta pasa por "redefinir de cara al siglo XXI" la función pública "mediante la reducción de la jornada laboral y la mejora en la productividad".

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