Los constructores denuncian que el plan de la vivienda discrimina a Barcelona
El plan de la vivienda (1998-2001) discrimina seriamente a Barcelona, según afirmó ayer el presidente de la asociación de promotores y constructores de edificios de Barcelona, Enric Reyna. Las ayudas previstas, sumando las que establecerá la adaptación del plan a Cataluña, hacen que el piso más caro que pueda recibir ayudas en la capital catalana no supere los 17 millones de pesetas, un precio inexistente en el caso de nueva edificación. La normativa catalana será aprobada en la reunión del Gobierno de la próxima semana, aseguró el consejero de Política Territorial, Pere Macias, y prevé la posibilidad de que Barcelona y las poblaciones de su entorno tengan una ponderación de precios un 30% por encima de la media catalana. No obstante, esta medida es considerada insuficiente por los promotores, que creen que la falta de suelo en la ciudad y el consiguiente encarecimiento de éste hacen que resulten insuficientes. "Un precio de 30 millones en Cuenca es de lujo, pero no en Barcelona. Y el problema de Barcelona es la hipocresía de los poderes públicos, que afirman que no quieren dar ayudas a pisos de lujo. El resultado es que la ciudad no deja de perder población que no puede pagar los precios de verdad", afirmaba un promotor. La normativa catalana distingue cinco zonas, según la presión del mercado, para atribuir el precio máximo de una vivienda que pueda recibir ayudas. El margen va desde las 88.749 pesetas por metro cuadrado útil hasta las 184.072 pesetas para Barcelona, Badalona, Esplugues, L"Hospitalet, Montcada, Sant Adrià, Sant Cugat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Santa Coloma de Gramenet. La superficie máxima del piso es de 90 metros cuadrados. En la jornada organizada ayer en Barcelona por los promotores y constructores participaron, además de Macias, los directores generales de la vivienda del Gobierno central, Fernando Nasarre, y catalán, Ramon Roger. El primero explicó que el plan prevé ayudas por 800.000 millones de pesetas, pero esta cifra incluye lo que aporta el Gobierno y lo que paga el ciudadano que pide un préstamo. En realidad, lo que aporta el Gobierno se reduce a 110.000 millones de pesetas, de los que Cataluña dispondrá de unos 16.000 millones. A esta cantidad hay que añadir 32.000 millones, contando como lo hacen los directores generales, que se quedan en 6.000 millones cuando se pregunta cuál es la aportación del presupuesto catalán al plan de la vivienda. Macias describió la vitalidad del sector y alertó de una tendencia a la subida de precios de la vivienda a la que habría que poner freno.
