Las obras en las zonas públicas de Marbella continúan, pese al veto de la Junta al PGOU

El veto de la Comisión de Urbanismo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no ha cambiado el ritmo de trabajo en las obras de los edificios que afectan zonas verdes o de equipamiento y cuyos proyectos fueron rechazados. Jesús Gil envió una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la que desvela que dos técnicos de Urbanismo de Málaga dimitieron después de que se echara atrás el plan de Marbella. El PSOE sospecha que estos funcionarios ejercieron de "topos del alcalde".

Un edificio de 11 plantas se levanta a toda velocidad donde el actual PGOU sólo autoriza tres. Ocupa un vial y parte de una zona verde. Sus permisos municipales son frutos de convenios urbanísticos: recalificaciones de suelo o mayor edificabilidad a cambio de dinero o inmuebles. El Ayuntamiento de Marbella reconoce haber firmado más de 200 acuerdos urbanísticos, a los que informes de secretario y del interventor municipal los encuadraban como "negocios jurídico-administrativo de facilitación". La plataforma ciudadana, creada para velar la legalidad de la revisión del plan, denunció a 43 obras por un presunto delito de urbanismo por ocupar zonas verdes o de equipamiento. Las denuncias se encuentran en la fase de diligencias en tres juzgados de la localidad, a los que se está llevando a declarar a los concejales del GIL. Ayer, cinco ediles comparecieron ante el juzgado y para el próximo día 31 está citado el número dos del GIL, Pedro Román. Gil, que anunció que recurrirá el veto a su plan, hizo pública la carta enviada a Chaves en la que anticipa que reunirá "a los mejores especialistas en derecho urbanístico" para que juzguen la revisión del PGOU de Marbella. El alcalde señala: "Estamos tanquilizando a muchos inversores, promotores y trabajadores... ante el anuncio de las demoliciones de los edificios". Gil indica que el delegado de Urbanismo de Málaga, Carlos Morales, fue "objeto de múltiples presiones hasta el punto de caer en la depresión" para que rechazara el PGOU. El alcalde también da cuenta en la carta que algunos técnicos de la comisión de Urbanismo han dimitido "por vergüenza y por no aceptar una imposición escandalosa". Fuentes del PSOE consideraban al secretario de la comisión y a la jefa de planeamiento, que abandonaron estas tareas, "topos del alcalde".