Belloch no actuó contra 'Egin' porque temía que fuera inconstitucional

El Ministerio de Justicia e Interior del último Gobierno socialista estudió acciones penales contra el grupo empresarial de Egin, pero desistió porque consideró que los datos aportados por la policía no eran suficientes. Además, el equipo de Juan Alberto Belloch tuvo "dudas" sobre la constitucionalidad de una iniciativa que afectaba a un medio de comunicación, según la exviceministra del Interior Margarita Robles. El juez Baltasar Garzón inició por la tarde la toma de declaración a los 11 detenidos, que seguía de madrugada.

El equipo dirigido por Belloch estudió, antes de abandonar el Gobierno en mayo de 1996, promover actuaciones por vía penal contra el grupo empresarial que sustentaba a Egin. Una de las bases sería el supuesto alzamiento de bienes realizado por la editora Orain para esquivar el pago de las deudas a la Seguridad Social. La entonces secretaria de Estado del Interior ordenó también al comisario general de Información, Gabriel Fuentes, y al de Policía Judicial, Enrique de Federico, que aportaran los documentos e indicios reunidos durante los últimos años de los que se pudiera deducir una relación entre el entramado de ETA y el grupo empresarial del periódico. Pero los responsables políticos consideraron que esos elementos eran jurídicamente insuficientes para sostener una decisión tan trascendente como la de actuar contra un medio de comunicación social. Alfredo Pérez Rubalcaba, ex ministro de Presidencia, confirmó ayer que el asunto no llegó nunca a debatirse formalmente en el Gobierno. Mientras tanto, los 11 detenidos el pasado miércoles por su relación con Orain, la editora de Egin, pasaron ayer a disposición del juez Baltasar Garzón. A las 2.30 de la madrugada el magistrado había interrogado a 10 personas, asistidas por abogado de oficio al estar incomunicadas. Uno de los detenidos, Xabier Alegría, se negó a declarar. Garzón les imputa pertenencia a banda armada.