Belloch descartó en su etapa de ministro actuar contra "Egin" al dudar que fuese constitucional

El equipo de Justicia e Interior del último Gobierno socialista estudió emprender acciones contra el entramado empresarial del diario Egin, pero finalmente desistió, pese a que antes de 1996 había documentos e indicios que ahora han sido parte del material empleado por el juez Baltasar Garzón para ordenar la clausura del diario y de la emisora Egin Irratia. Margarita Robles, que fue secretaria de Estado de Interior entre mayo de 1994 y 1996, confirmó ayer que esa idea había sido barajada, aunque el departamento la descartó "al existir dudas de su constitucionalidad". Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Presidencia en esa época, cree que el asunto no llegó nunca a debatirse formalmente en el seno del Gobierno.

El ministerio de Justicia e Interior que dirigía Juan Alberto Belloch consideró que una de las vías para luchar contra el terrorismo era investigar sus fuentes de financiación. Éste fue uno de los primeros encargos que la viceministra Robles hizo al entonces comisario general de Información, Gabriel Fuentes, y al de Policía Judicial, Enrique de Federico.Fuentes y De Federico hicieron pesquisas por separado. Investigando sobre el entramado financiero en Francia saltó la pista que permitió a la policía descubrir y detener al comando de ETA que estaba preparando un atentado contra el Rey en Mallorca en el verano de 1995.

Las investigaciones en España pusieron al descubierto la caótica economía de la empresa que daba sustento a Egin, que adeudaba varios cientos de millones a la Seguridad Social. La policía sospechó que Orain había realizado un supuesto alzamiento de bienes tratando de esquivar sus responsabilidades ante ese organismo.

El ex ministro Belloch dijo el pasado jueves que en su etapa en Justicia e Interior se había planteado una medida de intervención "puramente administrativa" contra Egin por impago de cuotas a la Seguridad Social. Pero excolaboradores de Belloch señalan que el plan iba más allá: se estudió actuar por vía penal contra el grupo empresarial de Egin por alzamiento de bienes.

El Ministerio de Justicia e Interior del último Gabinete de Felipe González planeó que se embargaran parte de los bienes de la editora sin que eso supusiera la clausura del diario Egin. Pero el equipo ministerial llegó a la conclusión de que tal medida era difícil de articular jurídicamente y que podía conllevar un alto coste político para el Gobierno.

Finanzas de ETA

La policía aportó a Belloch documentos incautados en agosto de 1993 a Carlos Almorza, Pedrito de Andoain, en París, y a otras personas vinculadas al denominado aparato de finanzas de ETA de los que parecía deducirse una relación entre esta organización y el grupo empresarial que sustentaba al periódico. Pero los responsables políticos consideraron que esos indicios no eran suficientes para sostener jurídicamente una medida de tanta trascendencia como para actuar contra un medio de comunicación.El propio Belloch había escrito en 1985, en la Revista de Administración Publica Vasca, un análisis en el que consideraba que el artículo 20.5 de la Constitución autoriza el secuestro de publicaciones o grabaciones radiofónicas, pero "no permite el cierre ni provisional ni definitivo de medios de comunicación".

"En Interior teníamos dudas sobre la constitucionalidad de una medida como la de actuar contra un periódico", recuerda la exviceministra Margarita Robles, porque podía chocar contra el derecho a la libertad de expresión. "En cualquier caso", añade, "los jueces de la Audiencia Nacional tenían la documentación sobre la que se basaba la investigación policial y en ningún momento nos ordenaron actuar contra Egin".

Según el Ministerio del Interior, la operación realizada por la Comisaría General de Información el pasado 28 de mayo ha aportado datos que, cruzados con los recogidos en los últimos seis u ocho años, han servido de base para proceder ahora.

El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, avanzó tras el último Consejo de Ministros que "parece confirmarse la subordinación del entramado mediático en torno al diario Egin a la estrategia de ETA". Añadió que la operación "no es por un delito de colaboración con banda armada, sino por pertenencia a banda armada".

La ex viceministra Robles, que dice que no tener suficientes datos para evaluar la "drástica" decisión de Garzón, critica al ministro Piqué: "No me parece prudente que un cargo político haya hecho una calificación jurídica de unos hechos que están bajo secreto sumarial".