Euskadi sin libertad

LA CLAUSURA judicial del diario Egin ha levantado una legítima preocupación por la preservación de la libertad de expresión. Una parte de la opinión pública en Euskadi, que en las elecciones suele obtener unos 150.000 votos, se siente identificada con las informaciones y opiniones de Egin, aunque eso no concede impunidad al diario si se demuestra que era una pieza del organigrama de ETA. Pero esta anomalía en el ejercicio de la libertad de expresión no es la única que se produce en Euskadi, donde hay periodistas que han tenido que abandonar su trabajo y su residencia como resultado de las amenazas de ETA. No es legítimo preocuparse por la libertad de expresión como una libertad aislada, ni mucho menos hacerlo sólo cuando afecta a los periodistas y a los lectores de Egin. Las libertades son indivisibles, y en cuestión de libertades hay que señalar el déficit terrible que sufre todo el territorio vasco.Jóvenes violentos amparados en idearios independentistas se han convertido en dueños y señores de la calle, imponiendo exacciones económicas a los comerciantes, destruyendo instalaciones y servicios públicos y coaccionando los derechos de los meros viandantes. En la mayor parte de casos, las fuerzas de seguridad prefieren retirarse de los escenarios de actuación de los hooligans del vasquismo. Lo que sucede en la calle es un reflejo de lo que sucede en los entresijos de la sociedad vasca. Las formas de coacción sobre funcionarios, jueces, policías, catedráticos y maestros, o de imposición de una exacción que se pretende revolucionaria sobre empresarios y profesionales son infinitas y tienen un doble efecto: financian asesinatos y desmoralizan a los ciudadanos.

Pero la forma más perversa de limitación de la democracia es la amenaza de muerte que pesa sobre ediles y militantes del Partido Popular (PP), una formación con expectativas de voto en ascenso, pero con enormes problemas para elaborar sus listas. La acción del terror se ha cebado ya sobre siete concejales populares en toda España, pero ha conseguido en Rentería hacer resonar con claridad la orden de ETA de eliminar físicamente al PP del consistorio, cumplida con el asesinato del concejal que encabezó la lista municipal y de su sustituto.

Los violentos y sus apologetas, envueltos en las siglas del MLNV (Movimiento Nacional de Liberación Vasco), abusan del sistema de libertades y de la democracia que garantizan la Constitución y el Estatuto vasco. Pueden expresarse libremente en cuantos foros, medios de comunicación y reuniones les plazca. Y han podido usar el sistema legal español para formar sociedades y empresas; también, según el juez Garzón, para adueñarse del diario Egin y ponerlo económica y editorialmente al servicio de su estrategia.

Nada tiene que ver con la realidad cotidiana en Euskadi la singular teoría de las dos violencias simétricas, la de ETA y la del Estado, y el corolario de una tercera vía centrista e inmaculada, a la que le correspondería el protagonismo de una negociación. Al contrario, lo que está sucediendo en Euskadi es que hay una dictadura que avanza, la de ETA, que limita listas electorales, impone su ley violenta en la calle, coacciona a los ciudadanos y coarta sus libertades, y un sistema democrático que retrocede cada vez que se produce una cesión, un acto de cobardía -por lógica o humana que sea- o sencillamente una dejación de la ley.

El problema de los ciudadanos vascos bajo una dictadura no es una supuesta negociación, sino resolver la falta de libertades, terminar con la opresión de una organización que mata para imponer sus ideas. Esto se llama fascismo. Y el fascismo vasco tiene nombre: ETA. Ése es el nombre del poder dictatorial que asesina y limita violentamente las libertades de todos. Esta situación plantea responsabilidades ineludibles, empezando por el Gobierno vasco, que cuenta con su propia policía y con competencias plenas en materia de orden público y está obligado a responder por la seguridad y las libertades de los ciudadanos que viven en su territorio. El País Vasco goza de una autonomía reconocida como de las más amplias y avanzadas de Europa. Y este hecho no sólo quita razón a los violentos que desean imponerse por las armas, sino que obliga con mayor fuerza al Gobierno de Euskadi a responsabilizarse de aplicar las leyes y de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Cuando en un país los ciudadanos se sienten indefensos acostumbran a mirar al Gobierno y a castigarlo en las urnas. Se diría, en cambio, que esto no cuenta para el Partido Nacionalista Vasco, que preside el Gobierno de Euskadi desde hace casi dos décadas. Ni el Gobierno del PNV se responsabiliza de la aplicación de la ley, ni lo hace del todo el Gobierno de Aznar, que mantiene un pacto político con el PNV del que queda excluida la política antiterrorista. Pero la percepción de los ciudadanos españoles es que unos y otros utilizan el terrorismo para tratar de obtener rendimientos electorales en vez de concentrarse en lo único importante para la protección de las vidas y libertades de los vascos, que es incorporar Euskadi a la democracia.