El FBI quiere una ley para intervenir teléfonos móviles sin solicitar permiso judicial

, Louis Freeh, director del FBI, ha pedido a los miembros del Comité de Apropiaciones del Senado que elaboren una enmienda a un proyecto de ley para exigir a las compañías telefónicas que faciliten a la policía la posibilidad de localizar a los usuarios de teléfonos móviles incluso sin que tengan que pedir permiso al juez.La reunión entre Freeh y los miembros del comité ha desencadenado la oposición de los grupos de defensa de las libertades y de la industria de las telecomunicaciones.

Los defensores del derecho a la intimidad creen que la propuesta es peligrosa e inconstitucional y la industria estima que una ley semejante costaría miles de millones de dólares. Lo que más alarma a los grupos de derechos civiles es una disposición que permitiría a la policía pedir la localización del usuario de un móvil sin permiso del juez en determinadas situaciones consideradas de emergencia, como la sospecha de que se ha cometido un delito, la persecución de un fugitivo o un acto que ponga en peligro la seguridad de las personas.

La avanzada tecnología que permitiría el seguimiento que el FBI solicita se está desplegando ahora en todo EEUU para permitir a los servicios de emergencia localizar las llamadas desde teléfonos móviles. Pero a diferencia de los servicios de emergencia, que se limitan a situar la llamada urgente, la tecnología permite la localización de cualquier móvil activado, con independencia de que el usuario esté o no llamando. A esta tecnología es a la que el FBI solicita acceso.

Para los grupos de defensa de las libertades y la industria de los móviles, el FBI ha cruzado con esta solicitud una importante barrera. Según otros expertos, la propuesta supondría una violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra investigaciones ilegales.

Funcionarios del FBI insisten en que lo único que intentan es utilizar una tecnología de evolución rápida que está desconcertando a las fuerzas de seguridad.

Tanto los grupos de defensa de la intimidad como los ejecutivos de la industria entienden que la legislación propuesta tiene como objetivo eludir el habitual proceso de debates congresales. Bajo la ley de 1994, el proceso legislativo de revisión es controlado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Las asociaciones de derechos civiles se sienten particularmente molestas porque, hasta hace poco, el FBI había asegurado públicamente que no tenía interés en la información sobre localizaciones exactas.