Sobre el transfuguismo
Se hizo esperar, pero llegó. El acuerdo político a modo de código de conducta para penalizar el transfuguismo en la vida municipal que Gobierno y PSOE se comprometieron a sellar la otra semana servirá para evitar en lo sucesivo este fenómeno hasta ahora no regulado por nuestro ordenamiento jurídico, que tan inmediatos y dramáticos efectos genera sobre la gobernabilidad y estabilidad del sistema.La práctica del transfuguismo, extendida y tolerada por numerosos ayuntamientos, como el de Bilbao, ha permitido constituir, mantener y cambiar mayorías en la presente legislatura, para conseguir, por ejemplo, trasladar a la Diputación Foral de Vizcaya la decisión sobre la incineradora de Artigas, inhibiéndose el Ayuntamiento de tomar una decisión sobre un proyecto de gran repercusión social y competencia básicamente municipal. Ello ha sido posible gracias al voto de los concejales tránsfugas. Sorprendente.
Con la más absoluta impunidad, los ediles huidos de la formación por la que resultaron elegidos han hecho suya la titularidad del cargo por el simple hecho de abandonar su grupo voluntariamente, constituyendo su actitud una burla y menosprecio a la voluntad del electorado que depositó en ellos su confianza para defender un proyecto político concreto y no otro. Asimismo, han visto respaldadas sus iniciativas y han apoyado propuestas procedentes de otros grupos municipales a cambio de conseguir tanto representación en los consejos de distrito -en detrimento de su agrupación originaria- como su integración en el mal llamado Grupo Mixto, beneficiándose de asignaciones económicas de seis millones brutos anuales por concejal liberado y de los medios personales y materiales que el artículo 44 del Reglamento Orgánico Municipal concede a los grupos políticos para el cumplimiento de las responsabilidades municipales, siempre con la inexplicable avenencia y/o pasividad de los partidos gobernantes del momento.
El acuerdo a alcanzar por los partidos, para ser eficaz, debiera contemplar entre sus objetivos los siguientes: a) dificultar y desalentar la consecución de fines que falseen la representación política por trasvase de concejales a otros partidos distintos del suyo originario; b) rechazar y no admitir a un concejal integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su partido original; aislar a los concejales tránsfugas mediante reformas reglamentarias en las corporaciones locales donde los partidos firmantes del acuerdo ostenten representación, impidiendo el paso de aquéllos al Grupo Mixto y estableciendo su actuación en la corporación de forma aislada como "no inscritos"; d) estudiar la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a fin de regular el supuesto de titularidad del cargo cuando el representante electo abandone voluntariamente el partido político.
Medidas incluidas en el Pacto Local propuesto por el Ejecutivo que han necesitado dos años y dos meses para ver la luz. Lamentablemente, su entrada en vigor tras las elecciones municipales del próximo junio y su aplicación irretroactiva no subsanarán las disfunciones que durante cuatro años habrán adulterado el correcto funcionamiento y composición de corporaciones locales.- abogado-economista y consejero escolar del Ayuntamiento de Bilbao. .
