Atutxa enviará a Garzón los datos de la Ertzaintza que vinculan a "Egin" y ETA

El consejero vasco del Interior, Juan María Atutxa, anunció ayer que remitirá al juez Baltasar Garzón "todos los datos" de una investigación realizada por la Ertzaintza hace tres años sobre las cuentas de las empresas del "entorno violento" y en la que la policía vasca ya constató "claramente" la intención de utilizar la vía del alzamiento de bienes para evitar el pago de deudas. Atutxa reiteró que varios empresarios pagaron a ETA insertando publicidad en Egin.

La investigación abierta hace tres años por la Ertzaintza sobre el entramado empresarial de la organización terrorista no ofreció pruebas suficientes para iniciar una operación como la que ahora lleva adelante el magistrado Baltasar Garzón. Con todo, el consejero vasco del Interior, Juan María Atutxa, dijo ayer que, en su momento, se hallaron "claramente" indicios de uno de los delitos que Garzón imputa a los consejeros de la sociedad Orain, la editora de Egin: el alzamiento de bienes, declararse insolvente para no pagar deudas. Pese a todo, Atutxa no se atrevió a hablar de "supeditación" o "subordinación" del rotativo a ETA.Tras las operaciones Diru-Gutxi (Poco Dinero) y Bella Easo, entre 1991 y principios de 1992, en las que desarticuló dos comandos de la red del impuesto revolucionario de ETA en Guipúzcoa, la Ertzaintza constató que la merma de ingresos por este motivo afectó a las arcas de la banda terrorista, pero "también a las organizaciones del entorno y el entramado de ETA". La razón era clara: "Todos bebían de las mismas fuentes económicas", de la extorsión.

Los datos incautados en esas operaciones demostraron también que un buen número de pequeños empresarios vascos y navarros se había negado a pagar a los terroristas.

Por esas fechas, la policía vasca ya investigaba a unas 15 pequeñas empresas tapadera de ETA para blanquear dinero, aunque sin resultados firmes que llevar a los tribunales. Ésa ha sido una de las constantes de las investigaciones realizadas por la policía vasca en los últimos años. Atutxa reconocía ayer que "una cosa es tener constancia de que tal o cual entramado mediático, financiero o político pudiera esta combinado, en un entrecruce de relación de actividad, con una organización terrorista y otra cosa son las pruebas absolutamente imprescindibles para que la justicia pueda actuar".

El Gobierno vasco discutió en aquellos días la política de inserción de publicidad institucional en el rotativo abertzale. El entonces consejero de Justicia, José Ramón Recalde (PSE), fue el primero en avisar incluso a responsables de Egin de que no tenía intención de colocar publicidad de su departamento. Esta política, que funcionó durante años, acabó en los tribunales, que terminaron por dar la razón al periódico.

Testimonios

Otra de las vías por las que la Ertzaintza ha podido comprobar la relación entre ETA y Egin es la de los testimonios de los empresarios extorsionados. Junto a la fatídica carta en la que se les exigía el impuesto revolucionario, algunos reconocían en privado ante la policía que insertaban publicidad en Egin para evitar el trago. "Eso está al margen de la ley", dijo Atutxa, "pero hace falta que ese ciudadano esté dispuesto a testificar ante el juez", algo que la Ertzaintza no ha conseguido.La policía española y la vasca constataron también que en la sección de Egin denominada Merkatu-Txikia los comandos de ETA enviaban mensajes y recibían instrucciones, pero esto en sí no es delictivo si no se demuestra que hay una persona en el rotativo conocedora de ese entramado de mensajería terrorista. La Ertzaintza sí supo de la existencia de una persona que poseía una lista de claves para interpretar las reivindicaciones de los atentados de ETA y comprobar su veracidad. "No se dio con su identidad", reconoce el departamento vasco de Interior.