Los agentes sociales rechazan la tasa destinada a los gestores del agua

El Consejo Econónimo y Social (CES), organismo en el que están representados los sindicatos, las patronales, los agricultores y los consumidores, aprobó ayer por 23 votos a favor y 18 en contra un dictamen sobre la reforma que el Gobierno plantea de la Ley de Aguas. El informe del CES rechaza la tasa proyectada para sostener a las Confederaciones Hidrográficas, y añade que la reforma no garantiza una gestión eficaz del agua

Ninguno de los colectivos representados en el Consejo Económico y Social ha quedado satisfecho con el dictamen. La CEOE votó en contra, y también los colectivos agrarios, aunque por distintas razones que han expuesto en votos particulares.El dictamen asume el principio que inspira la reforma de la Ley de Aguas: flexibilizar los rígidos mecanismos que permiten la transferencia de concesiones para el uso del agua, lo que en lenguaje coloquial se denomina mercado del agua. Pero mientras a la CEOE le parece un reflejo muy lejano de lo que pretendía -un auténtico mercado libre- los colectivos agrarios y los sindicatos temen que con esta reforma vaya a reproducirse en la Península lo que sucede en el archipiélago canario.

En algunas de sus islas, los agricultores se han quedado sin agua al no poder competir con las grandes desaladoras, que la compran durante todo el año a los aguatenientes (todavía es privada el agua de pozos) a un precio que ellos no pueden pagar, ni siquiera durante la temporada en que más la necesitan.

En una enmienda suscrita por UGT, CC OO, UPA y COAG, se afirma que la introducción de la venta de los derechos de uso del agua supone atribuir al poseedor de los mismos un derecho que "quiebra el principio de bien público y social". "Ello no llevará a un uso más eficiente del agua, ni a un mejor reparto de la misma, sino que fomentará que los usos actuales o potenciales con mayor poder adquisitivo puedan acumular derechos en detrimento del conjunto de la sociedad en general y de los sectores más desfavorecidos en particular".

Según el dictamen del CES, el proyecto presentado por el Ministerio de Medio Ambiente "no garantiza suficientemente que se vayan a cumplir sus principios rectores de lograr un mayor ahorro y eficiencia en la gestión del agua" porque da la espalda a la planificación. Ese mecanismo jurídico que echa en falta constituye, según el dictamen "una de las piezas fundamentales de toda ley de aguas, pues supone establecer las garantías suficientes en materia de planificación, realización y explotación de las obras hidráulicas". Por ese motivo advierte de que la reforma debería tener en cuenta las modificaciones que incorporen el Plan Hidrológico Nacional y el Plan Nacional de Regadíos, ambos pendientes de conocerse.

Falta de rigor

Cuando aborda la reforma de tasas y cánones que el Gobierno pretende aplicar, el dictamen del CES lamenta que el anteproyecto no vaya acompañado de una memoria económica y afirma, sin rodeos, que "la regulación adolece de falta de rigor conceptual y contiene elementos ambiguos que pueden crear problemas a la hora de su aplicación". Por esa razón rechaza directamente el artículo 104 y la pretensión de aplicar un canon de ocupación y utilización de bienes del dominio público a los conesionarios de aguas. "Lo único que hace es cobrar un alquiler por el uso de un activo, sin introducir ningún efecto disuasorio que redunde en la mejora del medio afectado", dice el dictamen.También propone el CES que se suprima la tasa de gastos generales para sostener a las Confederaciones Hidrográficas. "Su definición es poco concreta -dice el dictamen- y permite incorporar al cálculo de la misma prácticamente cualquier tipo de gasto o inversión. Además puede dar lugar a supuestos de doble imposición y no es claro el criterio para el reparto proporcional entre los usuarios".

Interés general

Tampoco acepta el CES la propuesta de que las las obras hidráulicas puedan declararse de interés general por el Consejo de Ministros, en lugar de hacerse por ley como hasta ahora. Entiende este organismo consultor del Gobierno que estas obras cuando impliquen modificaciones sustanciales del entorno natural "deben ser objeto de una planificación integral, realizada con la más amplia participación de los agentes sociales, incluso en las obras que se ejecuten por el procedimiento de urgencia".Para el presidente de la Comisión que ha estudiado la reforma, José María Callejo (de UGT), el dictamen "es una llamada de atención al Gobierno sobre la necesidad de que la Ley de Aguas (1985) no caiga como el agua que se pierde en un río". Con las salvedades ya señaladas, a José de la Cavada, portavoz de la CEOE, le gusta más la ley del 85 que la reforma que se propone.