El recurso se pone en marcha

Pocos decisiones políticas han creado un debate social tan intenso en Andalucía como el provocado por la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del aceite de oliva. El acuerdo alcanzado el pasado 26 de junio en Luxemburgo fue celebrado como una victoria por la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio. "El proceso negociador fue muy malo, la ministra mantuvo una posición soberbia", indica Paulino Plata. Tras el Debate de la Comunidad,el pasado 2 de julio, en el que la que el futuro del olivar andaluz fue uno de los temas recurrentes, se apresta a explicar, bolígrafo y papel en mano, los detalles de una reforma "nefasta". Pregunta. Las cifras que manejan la ministra y usted al hablar de la reforma son diamentralmente opuestas... Respuesta. Los números reales de la reforma son que de un millón de toneladas que pedíamos nosotros la ministra ha conseguido para España sólo 676.000 toneladas para aceite de oliva. ¿Por qué no 760.000 como ella dice? Porque primero han rebajado la ayuda en un 7%, es decir que han inventado una tonelada de 900 kilos. Esto significa que se quedarían en 706.000 toneladas equivalentes, y a esto habría que restarle por último la ayuda a la aceituna de mesa (30.000) y nos daría las 676.000 toneladas que decía. Sobre la petición de un millón de toneladas es una cantidad claramente insuficiente: supone el 67,6%. Vamos a tener una penalización con respecto al resto de los productores de aproximadamente el 32%. P. ¿El almacenamiento privado es suficiente para sustituir el sistema de intervención? R. Pero, perdón, es que son dos cosas distintas. El precio de intervención es un elemento fundamental en este mercado. Porque es el mecanismo que evita que sea la ley de la oferta y la demanda la que sitúe el precio. Ahora se va a dejar a las leyes del mercado ese precio. Eso significa poner en manos de las grandes industrias aceiteras el precio del aceite y eso significa subordinar a los productores a los intereses de la industria, que en una parte muy importante no es española, cuando la producción sí lo es muy mayoritariamente. P. ¿Qué se pierde, entonces, sin el mecanismo de intervención? R. Por cada 10 pesetas que baje de ese precio de referencia (entre 270 y 300 pesetas) en una campaña como la actual perdemos 11.000 millones de pesetas. Si estimamos a partir de ahora como precio mínimo las 200 pesetas por kilo y sumamos las 150 pesetas de ayuda, nos quedaría un precio por kilo de 350 pesetas. Y a ese precio, según un informe del mismo Ministerio publicado en julio del 97, el olivar de baja producción, que ocupa el 74% de la superficie olivarera española no es rentable, necesita vender a 425 pesetas por kilo. Y es en ese 74% de esa superficie donde se da el 60% del empleo. P. ¿Qué se puede hacer para paliar los efectos negativos a los que alude? R. Hay dos opciones. El Ministerio puede poner dinero de los presupuestos generales del Estado. Se necesitarían 63.500 millon de pesetas para equipararnos a las ayudas que van a recibir los griegos, los italianos o los franceses. Ésa sería la mejor solución. Si no, hay que destribuir equitativamente las ayudas. No puede haber un reparto lineal porque eso significaría poner en riesgo a los olicultores que cobran menos de un millon de pesetas en ayuda. En Andalucía, el 86,5%. No hay más remedio que entrar en una fórmula de modulación, pero siempre que se garantice que Andalucía no pierda renta agraria. Y también hay que pensar en una fórmula que evite que en un determinado año se caiga el precio del aceite y sea una ruina par todos los olivareros. P. En tres años. la reforma definitiva... R. El problema es que de aquí al 2001 se puede producir una fuerte reconversión. El olivar que cubre zonas de cerro, en el que no hay alternativa de cultivo, tiene riesgo de desaparición y puede ser sustituido por un olivar en llano, con riego, que se recoja con procedimientos mecanizados, con lo que se va a producir una pérdida de empleo considerable. Hay que evitar en lo posible el perjuicio a este olivar. Y de cara a la reforma del 2001 tenemos que anticiparnos y demostrar que la reforma actual se ha hecho con datos falsos. Hay que poner sobre la mesa del Consejo Europeo la realidad del sector y en esto hay que ser muy decidido y muy beligerante. Pero con inteligencia y con menos sorberbia. P. El Partido Popular pidió en el Parlamento su destitución por poner trabas a un "buen acuerdo". R. Es una reacción un poco infantil. Si el acuerdo es tan bueno que se relajen, que lo expliquen bien. Yo creo que están preocupados porque saben que yo soy una persona constante que voy a explicar de qué va la reforma en todos los rincones de Andalucía, lo va a saber el último olivarero del último pueblo andaluz.