Autonomía cuestionada

Al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, le sacaron del pleno con un telefonazo para recomendarle que no se precipitara en la adjudicación de un plan de actuación urbanística que afecta a 700.000 metros cuadrados y que implica un volumen de negocio de decenas de miles de millones de pesetas. A la alcaldesa de Valencia no fue preciso que nadie le llamara. Se basta y se sobra. Rita Barberá ha liberado 28.000 metros cuadrados de suelo municipal a una promotora para que lleve a cabo la Esfera Armilar, un proyecto que nadie quiere por el coste que supone. En el Ayuntamiento de la capital, además, son tan estupendos que han puesto a las zorras a cuidar las gallinas; de tal suerte que los promotores vigilarán a los funcionarios que, en teoría, deben velar porque aquellos cumplan la normativa urbanística. El mundo al revés. A estas alturas ya resulta pura retórica el preguntarse quién manda aquí. El entramado de intereses empresariales y políticos es tan inmenso y está tan embrollado que resulta imposible separar lo público de lo privado. El resultado de esta funesta práctica no es otro que el de la quiebra de la imprescindible autonomía política institucional, un requisito básico en cualquier sistema democrático. Las interferencias y las presiones de grupos financieros y empresariales sobre los representantes públicos son escandalosos de tan evidentes. La aparente docilidad de los políticos ante las exigencias de estos grupos de presión dice mucho más de la dependencia de los primeros respecto de los segundos que cualquier investigación. Si por sus hechos los conoceréis, a no pocos cargos institucionales se les ve el plumero a varios kilómetros de distancia. Aunque en esta ocasión no sea el caso del alcalde de Alicante. Díaz Alperi resiste, de momento, el diktat que le quieren imponer desde Valencia y aguanta el tirón. Hechos así contribuyen a reforzar la confianza de los ciudadanos con los políticos. Desgraciadamente, nos encontramos ante un comportamiento excepcional. La norma es muy otra.