Las acusaciones populares dicen que los GAL pretendían presionar a Francia

El objetivo de los GAL era presionar a las autoridades francesas para que pusieran fin al "burladero" de ETA en Francia, según dijo el abogado de la acusación popular José Luis Galán en sus conclusiones del juicio por el caso Marey. Los GAL estaban "fundamentalmente dirigidos por Rafael Vera desde el Ministerio del Interior", añadió. Kepa Landa, representante de la segunda acusación popular, tras preguntarse si los procesados pretenden un trato diferente al de los etarras, pidió que se les condene porque lo contrario "haría un flaco servicio a una solución futura" que serviría para acabar "con otras situaciones penosas".

Las acusaciones populares mantuvieron que el ex ministro del Interior José Barrionuevo y los otros 11 encausados cometieron un delito de detención ilegal, otro de malversación de caudales y otro de pertenencia a banda armada. La primera acusación solicita para los reos un total de 270 años y la segunda 248.Tanto José Luis Galán como Kepa Landa rechazaron que hayan prescrito los delitos pese al tiempo transcurrido desde el secuestro. Ambos hicieron hincapié en demostrar la conexión de los acusados con la llamada telefónica recibida en la Cruz Roja de San Sebastián el 6 de diciembre de 1983 indicando que Segundo Marey sería asesinado si en 48 horas no eran liberados el inspector y los tres geos detenidos en Francia por intentar secuestrar al etarra José María Larretxea. Este aspecto se ha convertido en clave, puesto que agravaría la detención ilegal y alargaría el tiempo de prescripción.

"Las retractaciones hechas en la sala [por los procesados] no tienen la menor credibilidad", aseguró Galán, que representa a 104 ciudadanos. Landa, en nombre de un grupo de familiares de víctimas de los GAL, resaltó que el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal declaró "con total exactitud" cuál era el contenido de ese comunicado a pesar de que no fue publicado íntegramente en la prensa.

Galán considera a los procesados culpables de la detención ilegal de Marey, el 4 de diciembre de 1983, con el agravante de ensañamiento por las "vejaciones" y el "padecimiento especialmente grave" a que le sometieron en la choza de Colindres (Cantabria).

El abogado opinó que Marey pudo acabar como José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala [secuestrados y asesinados en la misma época] de no ser porque aquél no tenía relación con ETA y porque se le utilizó para presionar a Francia a fin de que liberase a los cuatro policías encarcelados por el caso Larretxea.

El mismo acusador cree "de especial gravedad" la malversación de caudales en Interior, aunque no se ha hallado rastro del millón de francos supuestamente empleado para el secuestro. "Vera eliminó toda la documentación sobre fondos reservados para tapar las tropelías", argumentó.

Galán señaló que entre abril de 1981 y octubre de 1983 no hubo acciones de guerra sucia y que los GAL no son continuación de este fenómeno. Y no tiene dudas de que estos grupos son una banda armada jerarquizada, con financiación y afán de "continuidad en el tiempo". Considera que no corresponde al Supremo pronunciarse sobre el indulto a los encausados: "Para perdonar hay que conocer y para conocer tiene que haber sentencia. Este país necesita conocer la verdad".

Landa calificó a Barrionuevo, Vera y Ricardo García Damborenea de "fundadores e inspiradores" de los GAL mientras que Sancristóbal y los comisarios Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo serían "directivos-ejecutivos". Según el abogado, los GAL actuaron hasta que en 1986 se produjo "una desbandada general".