Víctimas de tráfico: entre la lenidad y la hipocresía

Hace poco tiempo he tenido ocasión de leer algunas opiniones que, por fin, en relación con las tragedias de tráfico, ya no sólo hablan de lo de siempre, esto es, mejora de carreteras, señalización adecuada, etcétera, sino que también aluden al inevitable e "innombrable" aspecto penal que hay detrás de muchos de aquelos dramas.Incomprensiblemente, en España, esta parte oscura del problema de las víctimas de tráfico, a pesar de que anualmente afecta y destroza a miles de familias, no suscita el menor interés en periodistas, tertulianos, columnistas, opinadores oficiales y oficiosos. ¿Por qué?

Como consecuencia de ese espeso silencio, la sociedad digiere gustosamente, bajo el aséptico nombre de accidentes, todos los sucesos de tráfico. Y precisamente en esta confusión, se encuentra una de las causas (entre otras varias) que impiden paliar en buena medida tales tragedias. El día que éstas dejen de ser tratadas casi como una estadística (como el IPC o la EPA), a la que fatalmente debemos someternos, se empezará a estar en el camino adecuado para intentar aminorarlas sensiblemente.

Sufrimos en España desde hace tiempo una enfermedad social (la sensibilitis podríamos llamarla) que ha producido una inflamación desmesurada de la "sensibilidad" de parte (y bien digo parte, porque tengo la esperanza y la percepción de que el conjunto de los ciudadanos no la padece) de nuestra sociedad; la más influyente, por cierto.

Dejo al estudio de los sociólogos la explicación de este fenómeno, pero personalmente sí me atrevo a hablar de sus efectos. Y el principal de éstos es que existe auténtico pánico a utilizar palabras que signifiquen sanción, pena, porque ello es sinónimo de "antidemocrático"reaccionario, represor y algunos otros calificativos más.

La consecuencia de esta perversión es que la víctima ha pasado a ser verdugo y el verdugo víctima. Todos ellos, todos nosotros, somos, al mismo tiempo, una cosa y la otra, pero, si no existiera aquel temor al que me refería, nada impediría que, puesto que existen unas leyes (el Código Penal, por citar el caso que aquí interesa), éstas deberían aplicarse a todos por igual, por más que mi personal apreciación sea la de que no sólo aquéllas son mejorables, sino que, además, no suelen obedecer a los auténticos intereses y/o deseos de la gran mayoría de los ciudadanos, sino más bien a los de las personas, grupos sociales, etcétera, que realmente deciden sobre el bien y el mal, no sólo en España, sino en cualquier otro país occidental.

En nuestro país no se tiene (no se quiere tener, mientras a uno no le toque) conciencia exacta de la magnitud del drama de las víctimas de tráfico, y, por ello, no se adoptan las medidas suficientes que el mismo requiere, mientras que en otros países como, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, etcétera, sí que las han adoptado.

Y no es que estos países sean mejores que nosotros, simplemente es que resuelven mejor una repugnante contradicción: que siga floreciendo la industria del automóvil, que el "dios-asesino" siga siendo adorado, pero, eso sí, quien causa una tragedia responde por ello, según la gravedad de su acción (o de su omisión) y el grado de su responsabilidad.

Las tragedias de tráfico provienen de una doble causa: accidentes y conductas delictivas.

Pues bien, así como el accidente de tráfico, por su propia naturaleza, es difícilmente evitable (aunque toda medida preventiva, mejora las circunstancias e imponderables que provocan los accidentes), el delito de tráfico sí podría, si no eliminarse, sí reducirse apreciablemente.

Los accidentes encajan en las figuras jurídicas del caso fortuito y la fuerza mayor. La opinión pública considero que conoce esta vertiente del problema

Respecto de los "delitos de tráfico", en cambio, opino que en nuestro país parece como si éstos no existieran, cuando la realidad es, desgraciadamente, otra. Y así como en todos los países socialmente avanzados son castigados severamente, en España, por el contrario, la sanción penal suele ser ridícula, con lo cual, el efecto disuasorio que toda medida coercitiva persigue, en nuestro régimen jurídico-penal prácticamente no existe. Los fiscales y jueces, en general, no parecen admitir la existencia del "delito de tráfico", y ello se debe, en mi modesta opinión, a que son reacios a comprender (ignoro la razón) que el arma más mortífera y traicionera, precisamente por ser el símbolo del progreso, de finales del siglo XX se llama vehículo de motor, y quien la utiliza contra los demás es, como mínimo, tan responsable moralmente (y debería serlo penalmente) como el que utiliza un arma blanca o un arma de fuego.

El Consejo General del Poder Judicial está frecuentemente en los medios informativos, aunque ocupándose y preocupándose siempre de los mismos asuntos.

Y yo quiero, necesito preguntar al máximo órgano de gobierno del Poder Judicial (y, de paso, al Consejo Fiscal), ¿por qué no hacen un examen a fondo de qué es lo que sucede con la justicia española y se lo explican a los ciudadanos? ¿La culpa de su falta de aprecio por parte de éstos habrá que atribuirla siempre a la falta de medios materiales? ¿Las encuestas de opinión, siquiera como indicio, no son suficientemente explícitas? ¿Qué ocurre concretamente con los delitos de tráfico?

Jamás podré comprender, ni menos aceptar, cómo, ante muertes causadas por conductas delictivas (acciones y omisiones) brutales y salvajemente despreciadoras de la vida de los demás, nuestro Código Penal nada severo, por otra parte, y que apenas se aplica (aquí funciona mejor el contrato de permuta: tantos millones por muerto y el causante voluntario de las tragedias tan campante; hasta el dinero lo pone un tercero: las compañías de seguros), cuando es aplicado se hace de forma tan inconcebible e hipócritamente benigna.