Las Haciendas vascas modificarán el IRPF para no perjudicar "a los que ya han comprado una vivienda"

Las Haciendas vascas introducirán modificaciones en el proyecto de reforma del IRPF "para no perjudicar a los que ya habían adquirido una vivienda". Así lo confirmó ayer el diputado de Hacienda de Vizcaya, Fernando Olmos. El responsable foral aseguró que la ruptura del tripartito en el Gobierno vasco no afectará a la aprobación de la nueva norma en las Juntas Generales de Vizcaya y que se mantendrá el plazo previsto de aplicación, fijado el 1 de enero de 1999. "Las relaciones entre el PNV y el PSE [en el Gobierno de la Diputación] son excelentes", añadió.

El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas recogerá un "periodo transitorio" para garantizar que el nuevo tratamiento fiscal de la vivienda no afecte a las inversiones inmobiliarias ya realizadas. El Libro Blanco del IRPF vasco, que presentaron el vicelehendakari Juan José Ibarretxe y los tres diputados forales de Hacienda en junio, establece que se podrá deducir la compra de una casa si ésta no excede los 30 millones de pesetas. Aunque todavía no se ha definido la fórmula concreta para rectificar el capítulo de vivienda, Olmos apuntó a un régimen transitorio que recogería mayores deducciones para los contribuyentes que estén pagando actualmente un crédito hipotecario por la adquisición de un inmueble. Por otra parte, el diputado de Hacienda anunció que en agosto comenzará a aplicarse en Vizcaya la nueva tabla de retenciones en las nóminas, tras su aprobación el próximo día 14 por el Consejo de Gobierno de la Diputación. Relaciones PNV-PSE La salida del PSE del Gobierno vasco no afectará a la aprobación del nuevo Impuesto de la Renta por las Juntas Generales de Vizcaya ni a su entrada en vigor en el País Vasco, fijada para enero de 1999, subrayó Olmos. En Guipúzcoa, la convivencia estable entre el PNV y PSE garantizan también un debate sin sobresaltos en las Juntas Generales. Menos garantías hay en la Diputación de Álava, donde las relaciones entre socialistas y nacionalistas están crispadas desde que se rompió el pacto de gobierno en la institución foral el pasado mes de agosto. Los responsables vascos de Hacienda, que se están reuniendo con los agentes sociales y económicos para recoger sus opiniones sobre el proyecto de reforma del IRPF, incorporarán en septiembre las propuestas que consideren oportunas. En este marco, se celebró el pasado miércoles una reunión entre Juan Miguel Bilbao, viceconsejero de Hacienda, los diputados del ramo de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, ELA y LAB. El encuentro, marcado por la tensión, ha suscitado un cruce de acusaciones entre los responsables institucionales y las centrales sindicales. Olmos respondió ayer contundentemente a las críticas de ELA y LAB sobre la escasa voluntad de negociación de la reforma del IRPF por parte de las Administraciones vascas. El diputado vizcaíno aseguró que no le parece "presentable" el documento alternativo que llevaron a la reunión las centrales nacionalistas. "Además, es un panfleto que no me parece serio porque está hecho antes de la reforma", añadió. Según subrayó Olmos, la propuesta de los dos sindicatos, que apoyan también ESK-CUIS y STEE-EILAS, propone medidas que ya están incluidas en la reforma. Visiblemente molesto, el responsable vizcaíno criticó asimismo que las centrales llegaran al encuentro con unos actos de protesta contra la reforma ya convocados y que se celebraron ayer frente a las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. "Creo que les da igual la reforma", dijo Olmos para concluir que el objetivo de ambos sindicatos es "su propio protagonismo electoral, a través de vociferar en la calle". ELA y LAB, que calificaron ayer de "neoliberal" el proyecto del nuevo Impuesto de la Renta, han coincidido con las centrales UGT y CC OO en señalar el carácter "regresivo" de la norma. El comité nacional de UGT-Euskadi, que se celebró por primera vez el pasado jueves en Bilbao, reiteró sus críticas a la reforma que, en su opinión, demuestra que "el Gobierno del PNV es un fiel aliado de las políticas fiscales más regresivas que practica el Gobierno de Aznar".