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Gutiérrez afirma que la reforma que planea Trabajo supondrá el fin del PER

Carmen Morán Breña

La reforma del Plan de Empleo Rural (PER) que negocian UGT y CC OO con el Ministerio de Trabajo no ha gustado ni al consejero andaluz del ramo, ni al extremeño. Ni en el fondo, ni en la forma. Guillermo Gutiérrez y Victorino Mayoral creen que "es el principio del fin del PER porque se excluirá la entrada a los menores de 25 años y tampoco podrán beneficiarse los mayores de 52". Y tampoco están de acuerdo en que se negocie a espaldas de las comunidades.

Gutiérrez cifró en 15.000 los andaluces que se verían afectados por esta reforma y ambos consejeros explicaron que el coste del PER es el más barato de todos los subsidios del Estado: "El sistema de solidaridad del carbón en Asturias y León cuesta 10 millones de pesetas por trabajador al año y el subsidio de desempleo urbano 1.200.000 pesetas, mientras que el PER supone 672.000 pesetas por trabajador", explicó Gutiérrez. Ambos consejeros mostraron su preocupación por la "trascendencia social" de esta reforma y porque se suprima la discriminación positiva para Andalucía y Extremadura, que consideran necesaria. Gutiérrez informó de que han reclamado el traspaso de PER como política activa para diseñar un futuro servicio público de empleo. "Nos preocupa la picaresca, como a la derecha, pero la cuestión fundamental es la solidaridad", afirmó el consejero de la Junta extremeña. Guillermo Gutiérrez criticó que se haya excluido de la negociación a las comunidades y a sindicatos agrarios como la UAGA y la UPA. Pero los sindicatos mayoritarios se niegan a incluir más interlocutores en la negociación y acusan al partido socialista de "utilizar" la reforma del PER en su "batalla política" contra el Gobierno central, informa Esther Rodríguez.

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Sobre la firma

Carmen Morán Breña
Trabaja en EL PAÍS desde 1997 donde ha sido jefa de sección en Sociedad, Nacional y Cultura. Ha tratado a fondo temas de educación, asuntos sociales e igualdad. Ahora se desempeña como reportera en México.

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