Los inspectores creen "demencial" el sistema de sanciones contra el fraude

Los inspectores de Hacienda están en desacuerdo con el esquema de trabajo que deben seguir. En una carta a los responsables de la Agencia Tributaria, la asociación Apife califica de "caótico y demencial" el régimen sancionador contra el fraude y considera que se dan "cada vez más estímulos" para el incumplimiento fiscal. Se denuncian también los nombramientos "a dedo". En este sentido, la designación de Pilar Valiente al frente de la unidad encargada de perseguir el fraude ha causado cierto malestar.

La carta está dirigida al director de la Agencia Tributaria, José Aurelio García Martín, y supone el segundo enfrentamiento grave entre el poderoso colectivo de inspectores de Hacienda, unos 1.000 en toda España, y el equipo que dirige Juan Costa.El primero se produjo hace un año y medio, cuando el Gobierno del PP denunció que durante la etapa socialista se había producido una amnistía fiscal en favor de los "amiguetes" del PSOE. Los inspectores, igual que el Parlamento, juzgaron infundada tal acusación.

Pero aquello abrió profundas heridas en el colectivo de inspectores que, a juzgar por el tono de la carta, aún supuran. La razón es que en aquel momento Costa, secretario de Estado de Hacienda, hizo promesas para recomponer la moral del colectivo que, casi un año después, no ha cumplido, según Apife.

La primera hace referencia a la carrera profesional. "Con gran preocupación", dice la carta, "seguimos observando cómo el acceso al desempeño de un gran número de puestos de trabajo (...) se consigue por caminos muy dispares al de méritos objetivos (...) La utilización del sistema de libre designación (...) ha adquirido una magnitud nunca vista con anterioridad".

Sorpresa y malestar

Aunque la carta no lo menciona expresamente, entre los inspectores de Hacienda consultados causó sorpresa y cierto malestar la designación de Pilar Valiente como responsable de la nueva Unidad Central de Coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública, hace dos meses.Se da la circunstancia de que Valiente fue destituida hace un año en su cargo de directora general de Inspección junto al entonces director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, a raíz del escándalo de la amnistía fiscal.

Bermejo y Valiente realizaron visitas nocturnas a su anterior despacho en la Unidad del Fraude, supuestamente, en busca de expedientes. Se abrió entonces una investigación interna, cuyas conclusiones permanecen ocultas.

Lo paradójico es que el actual equipo de Hacienda es ahora acusado de algo que guarda cierto parecido con aquel desgraciado asunto de la amnistía fiscal, al menos en cuanto a sus posibles efectos.

El Gobierno del PP dijo que el del PSOE había "perdonado" 200.000 millones de pesetas a defraudadores fiscales y los inspectores señalan en su carta que "el tiempo real para que la Inspección investigue se va reduciendo cada vez más, y con ello, el defraudador va a tener más estímulos para no mejorar su grado de cumplimiento voluntario, con el riesgo que a medio plazo puede suponer esta dinámica en la consecución del objetivo de lucha contra el fraude fiscal".

En los puestos de trabajo, añade la carta, "la percepción de objetivos claros en materia de lucha contra el fraude fiscal es escasa, proliferando, no obstante, la aparición de trabas y controles burocráticos que, de seguir el ritmo actual, pudieran llegar a constituirse en el núcleo principal de las tareas" a desarrollar. "El incesante aumento de fichas y partes a rellenar, la complejidad del nuevo procedimiento sancionador y, en definitiva, la excesiva burocratización de nuestro trabajo, hace que los objetivos fijados sean absolutamente inalcanzables, bajo riesgo de pérdida de su calidad".

Como propuestas, Apife dice en su carta que "se impone reducir los objetivos en cuanto al número de sujetos pasivos a comprobar" [abandonar las denominadas inspecciones "basura"], "eliminar todo tipo de partes innecesarios y, desde luego, reformar el demencial y caótico procedimiento sancionador".

Más burocracia

El aumento de las tareas burocráticas es consecuencia directa de la entrada en vigor, el pasado mes de marzo, del Estatuto del Contribuyente, que obliga a separar los expedientes relativos a la deuda y las sanciones. Éste es un mandato legal que los inspectores aceptan, aunque no comparten en sus consecuencias prácticas.El problemas es que todo se complica, a su juicio, con un nuevo sistema de trabajo por el que están obligados a rellenar partes de trabajo semanales y a realizar reuniones periódicas "al margen de la necesidad real".

Pese a todo ello, desde Hacienda se asegura que los resultados de la lucha contra el fraude fiscal han mejorado y que la deuda descubierta en los cinco primeros meses del año ha aumentado un 3,2%. Los datos obtenidos directamente del departamento de Informática Tributaria reflejan, por el contrario, una caída del 74%.