El Supremo acuerda investigar al alcalde de Tarragona por tráfico de influencias

El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados que conceda el suplicatorio para poder investigar al alcalde de Tarragona y diputado por Convergència i Unió (CiU), Joan Miquel Nadal, por un presunto delito de tráfico de influencias, según un auto notificado ayer. La causa se refiere al presunto trato de favor que tuvo Nadal con un amigo al mediar para que le fuera concedida una licencia de actividad económica.

En el auto, dictado por una sección de la sala segunda, se acuerda suspender la tramitación de la causa hasta que se pronuncie el Congreso. Este requisito es imprescindible para que el Tribunal Supremo pueda continuar la investigación judicial, dada la condición de aforado de Nadal, y para, llegado el caso, poder juzgarlo. El Supremo también solicita al Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona, que ha instruido la causa hasta ahora, que le remita las actuaciones practicadas. El auto judicial está firmado por los magistrados Gregorio García Ancos, Luis Román Puerta y José Antonio Marañón. Los hechos datan de 1994, cuando el abogado Jordi Salvà, amigo del alcalde, solicitó a la Generalitat una licencia a precario para poder instalar un túnel de lavado de vehículos en el barrio tarraconense de Torreforta. La solicitud se hizo a través de una empresa entre cuyos accionistas figuraba una sociedad fundada por Nadal, aunque a los pocos días de constituirse vendió sus acciones. La Comisión Provincial de Urbanismo de Tarragona denegó la petición de Jordi Salvà porque los terrenos estaban afectados por una vía. Ese mismo argumento fue utilizado tres años antes por la Generalitat para denegar el mismo permiso a otro empresario, aunque entonces el Ayuntamiento no podía otorgar licencias porque estaba modificando el Plan General Urbanístico. Licencia a precario Sin embargo, Joan Miquel Nadal firmó una carta, redactada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en la que enumeraba una serie de razonamientos legales para que la Comisión de Urbanismo concediera la licencia a precario. A finales de 1994, Salvà obtuvo la licencia para dos años, que le ha sido renovada por el Ayuntamiento. Las licencias a precario se conceden cuando los terrenos que se van a ocupar están afectados por un plan urbanístico o su calificación no prevé la actividad que se piensa desarrollar en ellos. Cuando el Ayuntamiento necesita estos terrenos, el propietario debe abandonarlos de inmediato sin recibir ninguna indemnización. Cuando la causa se remitió al Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Joan Miquel Nadal intentó personarse, pero se le denegó a la espera de la solicitud del suplicatorio. El alcalde de Tarragona tiene pendiente otra causa en el Tribunal Supremo por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en favor de su esposa, promotora de una urbanización, que pudo haber recibido trato de favor de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Tarragona. Asimismo los juzgados de Tarragona instruyen diligencias por otras cuatro presuntas irregularidades urbanísticas de la época en que CiU tenía mayoría absoluta. Joan Miquel Nadal, que ayer se encontraba de vacaciones, declaró a EL PAÍS que ya se esperaba la solicitud del suplicatorio y que así "por fin" podrá defenderse de las acusaciones, "después de no poder hacerlo durante más de cuatro años mientras se ha estado instruyendo la causa". Nadal añadió que tiene absoluta confianza en la justicia. Por su parte, los partidos de la oposición municipal también coincidieron en señalar su confianza en la justicia. Xavier Sabaté, primer secretario del PSC de Tarragona, añadió que confía en que Nadal no sea procesado y que los hechos son anteriores a su entrada en el gobierno municipal.