Una negociación contradictoria

Las negociaciones para la reforma de la Organización Común de Mercado (el sistema de ayudas de la Unión Europea) del sector olivarero han desencadenado en los dos últimos años una movilización social sin precedentes en lo que se refiere a las luchas del sector agrario y de la sociedad en general en defensa de los intereses de este cultivo.Durante los últimos 24 meses, la lucha para lograr la mejor reforma posible se instaló tanto en el propio sector como en otros colectivos que se sumaron a las reivindiacciones de los olivareros, organizadas en torno a la llamada Mesa para la Defensa del Aceite de Oliva. Como tampoco se había producido nunca en otra reforma agrícola europea, la Administración tuvo siempre todo el apoyo del sector a la hora de entablar sus negociaciones en Bruselas.

Durante las últimas fechas se ha producido una batalla de descalificaciones y de autoproclamas de éxito tras el acuerdo logrado en Luxemburgo. La Administración no se ha recatado en señalar que se ha logrado un triunfo. Para ello ha enarbolado casi exclusivamente la bandera de la cuota y el punto del que se partía (una baja oferta comunitaria), y ha subrayado las penalizaciones reales que ya estaba sufriendo el sector en las campañas precedentes.

El Ministerio de Agricultura tiene razón cuando alega que el nuevo acuerdo no es peor que el actual sistema en materia de cuotas. La cuota actual comunitaria de 1.350.000 toneladas era totalmente insuficiente. Pero la realidadd, sin embargo, es que, además de la cuota, son muchos más los puntos que estaban sobre la mesa y sobre los que en algunos casos, como en la política de almacenamientos, no se han cerrado las negociaciones.

Haciendo un balance global de los resultados, serían más los puntos con interrogantes que los logros cerrados. España, como primer país productor de aceite de oliva del mundo, lejos de estar en Bruselas con una postura de peso en defensa de la Organización Común de Mercado, ha sido el primer país mendigando día a día unas toneladas que responden a la realidad de su olivar. La impresión en medios grarios es que si las negociaciones se hubieran comenzado como han terminado, hubiera sido otro el resultado.

En relación con el proceso negociador español, en medios agrarios hay coincidencia en las siguientes críticas u observaciones.

Nunca se supo con certeza si España propugnaba una reforma rápida o lenta. Al inicio de las negociaciones, el Ministerio de Agricultura fue el principal opositor a que la reforma de la Organización Común de Mercado para el aceite de oliva se incluyera en la llamada Agenda 2000, con aprobación para el próximo año. Posteriormente se apoyó la vía lenta para la reforma, previos pactos con Italia. Al final, España volvió a tratar de aplazar la reforma retrasando el dictamen del Parlamento.

No ha estado claro si había que pactar o no con Italia. En un primer momento se indicó que era indispensable pactar con el segundo país productor. Más tarde se pactó con Italia el dictamen del Parlamento. Al final, Italia ha ido por su cuenta. Tomó lo que le interesó de ese dictamen, como las cuotas nacionales, y ha sido incluso un país opuesto a la propuesta española.

No ha estado claro durante todo el proceso si España quería la cuota única comunitaria o una cuota por países. En un primer momento, en base a un posible pacto con Italia se aceptaba una cuota nacional, pero siempre que fuera elevada, admitiendo la posibilidad de una cifra fraudulenta e irreal de producción en Italia siempre que la cuota española fuera suficiente. Al final, Agricultura ha esgrimido ante la galería la necesidad de una sola cuota comunitaria, aunque esas intenciones no se han concretado en la negociación final, en la que todo se ha centrado en el regateo por una sola cuota nacional.

No ha existido una estrategia clara ante la Unión Europea. En un primer momento, la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, abordó la reforma de la Organización Común de Mercado con una clara posición de enfrentamiento con el comisario de Agricultura, el austriaco Franz Fischler. De una posición de extrema dureza se pasó a última hora a otra posición más negociadora, sin que ello haya mejorado el resultado final.

España no ha tenido claro cuál debería ser su posición ante las denuncias efectuadas por el propio Tribunal de Cuentas sobre los datos del olivar y el fraude. Loyola de Palacio insinuó hace unos días, en la ronda final de las negociaciones, la posibilidad de denunciar la reforma ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por estimar que se iba a aprobar la misma en base a unos datos falsos. Esta insinuación de la ministra no se ha concretado, y la Administración española dejó aparcadas sus amenazas ante las ofertas finales de aumento de la cuota nacional de producción subvencionada.