Tres detenidos por engañar a 300 inmigrantes que buscaban trabajo

La policía nacional ha desarticulado a una red de estafadores que engañó a más de 300 extranjeros a los que prometían permisos de residencia y de trabajo en España, según la Jefatura Superior de Policía. La mayoría de los engañados eran inmigrantes magrebíes que pagaban entre 80.000 y 100.000 pesetas por la tramitación de su solicitud de permiso de residencia con papeles falsos.

El cabecilla de la organización era Enrique O. G., de 52 años, que se hacía pasar por abogado y economista. Para sus fechorías utilizó a Miguel P. C., de 40, y a su compañera, María de los Milagros R. M., de la misma edad. Ambos fueron detenidos el pasado miércoles en Madrid.

Las pesquisas comenzaron a principios de abril. Fue en aquella época cuando los agentes descubrieron que varias personas se habían dedicado a presentar solicitudes fraudulentas del contingente de cupos de ciudadanos extranjeros que otorga el Ministerio de Trabajo. Dos meses después, los policías que investigaban el caso descubrieron por completo el engaño.

El primer paso de los estafadores era captar a ciudadanos españoles interesados en la contratación de extranjeros. Les pedían sus datos (documentos de identidad, declaraciones de renta y certificados de empadronamiento). Así les convertían en supuestos empresarios interesados en la contratación de inmigrantes.

A estos españoles les cobraban 5.000 pesetas para conseguirles un trabajador extranjero. Estas personas actuaban convencidas de que hacían algo legal y solidario para los extranjeros.

Falsos empresarios

Miguel y María de los Milagros, que eran los encargados de captar a los futuros empleadores de inmigrantes, recibían unas 20.000 pesetas por cada solicitud que conseguían. Recorrían pueblos de la periferia y sobre todo se dirigían a personas mayores.

Tras haber obtenido los documentos necesarios de las personas captadas por Miguel y María de los Milagros, Enrique utilizaba esos datos para elaborar nóminas falsas y empresas ficticias para acreditar que los supuestos contratadores tenían un historial laboral y una solvencia económica cierta. Con ese material, elaboraba las solicitudes de permiso de residencia y trabajo para inmigrantes y las presentaba en delegaciones del Ministerio de Trabajo en todas partes. Por ese trabajo cobraba a los inmigrantes entre 80.000 y 100.000 pesetas.

La banda se había aprovechado del desconocimiento de la actual legislación de los inmigrantes prometiéndoles permisos de residencia que nunca llegaban.

Tras obtener el correspondiente mandamiento de entrada y registro, los agentes del Grupo Sexto de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación intervinieron en el domicilio de Enrique sellos de empresas ficticias. También hallaron 1.600 documentos manipulados, fotocopias de DNI, de pasaportes y declaraciones de renta.