Datos internos de Hacienda señalan que la deuda tributaria descubierta ha caído un 74%

Los resultados de la lucha contra el fraude fiscal han sufrido un serio retroceso, a juzgar por datos internos de la Agencia Tributaria, obtenidos del departamento de Informática. Según éstos, la deuda descubierta ha caído un 74% en los cinco primeros meses del año. Oficialmente, Hacienda sostiene, por el contrario, que ha habido una mejora del 3,2%. Al margen de la polémica sobre las cifras, existe un malestar de fondo entre los inspectores de Hacienda por el aumento de la burocracia de sus tareas, con efectos negativos en la lucha contra el fraude.

Este malestar ha sido expresado por los directivos de la Asociación de los Inspectores de Hacienda (Apife) al director de la Agencia Tributaria, José Aurelio García Martín, en una reunión celebrada hace algunos días en Madrid, con continuación en otra el pasado jueves.Los inspectores se quejan de que la entrada en vigor del Estatuto del Contribuyente, en marzo pasado, supone una mayor burocracia en la lucha contra el fraude fiscal y una pérdida de eficacia. "Donde antes se hacía un papel, ahora hay que cumplimentar hasta seis", explica un directivo de Apife.

El estatuto obliga a que la cuota exigida por Hacienda se tramite en un expediente separado al que corresponde por las sanciones. Esta separación ha sido exigida en reiteradas sentencias de los tribunales, hasta el punto de que en Hacienda ha existido el temor de que se pudieran anular las actas que no siguieran este procedimiento, que sí se aplica en otras reclamaciones judiciales.

Para el afectado por la inspección, la ventaja es que no tiene necesidad de recurrirlo todo -cuota y sanciones-, sino que puede reclamar sólo por una de las partes. Si el recurso afecta sólo a las sanciones, lo más habitual en los procesos contra Hacienda de cierta cuantía, la ventaja es que no se requiere aportar aval.

Este cambio respecto a la situación anterior no fue, sin embargo, previsto con suficiente antelación por los responsables de la Agencia Tributaria. Hasta hace pocas semanas no han estado disponibles los nuevos sistemas informáticos con aplicaciones distintas para los dos expedientes.

Procedimiento sancionador

Una vez resuelto el problema informático, la Agencia Tributaria no ha dado aún instrucciones precisas sobre si el procedimiento sancionador debe ser llevado a cabo por un inspector distinto al encargado de tramitar el expediente que corresponde a la cuota. El Estatuto del Contribuyente prevé separar las dos funciones, para dar mayores garantías de imparcialidad.El resultado de tantas dilaciones es que en los cinco primeros meses del año se ha podido producir un frenazo importante en la lucha contra el fraude fiscal. Según datos internos de la Agencia Tributaria, la deuda descubierta por la inspección de Hacienda ha sido de 54.210 millones de pesetas hasta el mes de junio, un 74% menos que en los cinco primeros meses del año anterior.

Estos datos contrastan con los señalados oficialmente por Hacienda, según los cuales la deuda descubierta alcanza los 318.232 millones de pesetas, un 3,2% más que el año anterior. En estos datos se incluyen 73.198 millones de pesetas de deuda que ha sido tramitada por delito fiscal, frente a los 11.000 millones del año anterior.

Para los inspectores de Hacienda consultados, lo importante no son los datos, ya que consideran que son bastante manipulables, sino los problemas de fondo y de futuro que plantea el Estatuto del Contribuyente. El hecho de que no sea necesario prestar aval cuando se recurre la sanción "invita" a que compense más correr el riesgo de no pagar en periodo voluntario. Dada la tardanza de los tribunales en resolver y su inclinación a anular las sanciones, prácticamente el único riesgo que se corre es el de tener que pagar la deuda con intereses.

La multiplicación de tareas burocráticas para los inspectores implica también, a juicio de éstos, que se resten energías y efectivos en las tareas de investigación y persecución del fraude. El Estatuto del Contribuyente, añaden, está pensado para una organización con mayores medios que los ahora existentes. Para los responsables de Hacienda, éste es el precio necesario por una norma que persigue un respeto exquisito hacia los derechos de los contribuyentes.

A todo ello se une el enquistado conflicto de los subinspectores de Hacienda, que llevan varios meses en huelga de celo. El conflicto está en vía muerta, sin que hasta el momento ninguna de las partes haya sido capaz de encontrar una solución. Los subinspectores se quejan de que hacen un trabajo que excede de sus competencias y han llegado a denunciar la ilegalidad de sus actuaciones.

[En relación a la Ley General Tributaria, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 49 de Barcelona ha dictado un auto por el que acuerda presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra el último párrafo del artículo 113.1, relacionado con el patrimonio del deudor, e introducido en la llamada ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales de este año, informa Europa Press].