EA y PSE acusan al PNV de dejar en manos del Gobierno central competencias de Euskadi

El PNV dio ayer una lección de pragmatismo político al alinearse con el PP en defensa de la ley estatal de Suelo, en contra de la voluntad de sus dos socios en el Gobierno vasco, PSE y EA. Los votos de peneuvistas y populares impidieron que prosperase un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Suelo promovido por Izquierda Unida y apoyado por los demás partidos. Socialistas y Eusko Alkartasuna dedicaron duros reproches al PNV, al que acusaron de no defender el autogobierno de Euskadi por no recurrir una norma que "invade las competencias vascas".

Los socios del tripartito vivieron ayer otro desencuentro en el pleno del Parlamento vasco. Cuando aún están recientes los ecos por la polémica suscitada por la aprobación de la ley del Deporte, donde EA y PNV hicieron frente común con HB e IU para aprobar el proyecto frente a la oposición del PSE, el tripartito ha vuelto a mostrar su falta de sintonía. En los últimos meses han sido varias las iniciativas parlamentarias en las que no han coincidido. En esta ocasión, el PNV tuvo que escuchar críticas en el aspecto que más le duele: el del autogobierno. Así, el portavoz del PSE, Rodolfo Ares, subrayó: "Resulta sorprendente que los nacionalistas hayan aprobado esta ley, renunciando a competencias que han reivindicado en otras ocasiones y que el Tribunal Constitucional ha asignado con claridad a las comunidades autónomas". Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló en marzo del año pasado gran parte de la Ley de Suelo que estaba en vigor, al entender que invadía competencias de las comunidades autónomas. Esta norma había sido aprobada por el Gobierno del PSOE en 1992. El Ejecutivo del PP se puso a trabajar para cubrir ese vacío legal y en abril pasado aprobó la Ley del Régimen de Suelo y Valoraciones, que contó con el apoyo del PNV, CiU y de Coalición Canaria. El texto mantiene la consideración de urbanizable de todo aquel terreno que no esté específicamente protegido. Además, establece entre el 0 y el 10% la cantidad de suelo urbanizable que los promotores privados deben ceder de forma gratuita a los ayuntamientos, cuya fijación concreta dependerá de cada legislación autonómica. Aspectos negativos El Departamento de Vivienda que dirige Patxi Ormazabal (EA) mostró sus recelos con esta ley desde el primer momento. En primer lugar, Vivienda no tiene un concepto tan liberalizador del suelo y restringe más el porcentaje de suelo no urbanizable en aras a una planificación territorial más cuidada. Además, según la consejería de Vivienda, la norma estatal va a condicionar de manera muy negativa la futura ley vasca de Suelo, puesto que legisla en aspectos sobre los que ya lo estaba haciendo el Ejecutivo autónomo. Por ejemplo, el primer efecto que ha tenido la ley del Suelo ha sido la aprobación por parte de la Cámara vasca, con carácter de urgencia, de una ley fijando en el 10% el porcentaje que los promotores tendrán que ceder a los ayuntamientos. Hasta ahora, en Euskadi lacesión obligada era del 15%. Con este panorama, IU planteó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno vasco a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma estatal. El portavoz parlamentario de la coalición de izquierdas, Javier Madrazo, explicó en su intervención ante el pleno que el recurso defiende el autogobierno vasco, porque "la ley invade nuestras competencias". "La sentencia del Tribunal Constitucional dejó claro que las competencias urbanísticas corresponden a las comunidades y que el Gobierno del Estado sólo tiene que establecer categorías genéricas de suelo y no predeterminar los modelos urbanísticos", agregó. En la misma línea, el representante de EA, Sabin Intxaurraga, apuntó que "Madrid no puede regular la planificación e intervención administrativa, porque es una competencia que sólo corresponde a Euskadi". Intxaurraga adelantó que la futura ley vasca de suelo deberá regular los aspectos que "ahora se quieren legislar desde Madrid". Por su parte, Rodolfo Ares (PSE) criticó que la ley promueve "la liberalización económica y la especulación" y detalló los puntos que, en su opinión, vulneran las competencias atribuidas a las comunidades. "Los artículos 8.9 y 10, referentes a la clasificación de suelo, exceden de su cometido al invadir un campo propio de Euskadi". Mientras, el portavoz del PNV, Álvaro Amann, rechazó que la ley afectara a las competencias vascas y sentenció que "cuando el PNV ve que se invade el Estatuto de Gernika no lo resuelve a través de recursos. Las competencias de Euskadi surgen de un pacto con el Estado y no a través de una sentencia del Tribunal Constitucional". Según Amann, el recurso busca "crear una inseguridad jurídica de forma artificial". El parlamentario popular Antón Damboriena aseguró que cada comunidad autónoma va a poder clasificar el suelo como le de la gana. "La ley", señaló, "no entra en esos temas, ni trata de imponer un modelo urbanístico. Los partidos que apoyan el recurso sólo plantean un discurso político, no demuestran que la ley sea anticonstitucional".