El PSC amenaza con desmarcarse del consenso sobre el catalán si el Gobierno de Pujol no rectifica

Los socialistas amenazaron ayer a Jordi Pujol con desmarcarse del consenso sobre la ley del catalán si el Gobierno de la Generalitat no rectifica su actitud sobre el decreto de cuotas de cine en catalán. El líder del PSC, Narcís Serra, cargó con dureza contra el consejero de Cultura, Joan Maria Pujals, a quien acusó de haber vulnerado el acuerdo de negociar con los socialistas el desarrollo de la ley lingüística. Serra rechazó las sanciones y sólo consideró aceptables las cuotas que estén pactadas con la industria cinematográfica. Pujol tachó de "incomprensibles" las palabras de Serra y recordó que el Gobierno socialista estableció en su día cuotas de cine en castellano y sanciones.

Serra acusó a Pujals de poner en peligro la convivencia lingüística en Cataluña por un "puro afán de protagonismo personal". El líder socialista rechazó la forma en que Cultura ha dado a conocer el borrador de decreto regulador de cuotas de doblaje y de pantalla de cine en catalán, sin consultar antes a los partidos que apoyaron la ley lingüística en el Parlament. También cargó contra el contenido del citado decreto: subrayó la oposición de su partido a la imposición de sanciones, y sobre las cuotas de doblaje y pantalla, recalcó que sólo considera aceptables las que estén negociadas y pactadas con el sector cinematográfico. Serra habló ayer con el consejero de Presidencia de la Generalitat, Xavier Trias, quien le aseguró, según declaró posteriormente el político socialista, que el Gobierno catalán tiene la voluntad de cumplir el pacto de negociar con el PSC el desarrollo de la ley del catalán. Trias había desautorizado el miércoles a Pujals al asegurar que el Gobierno catalán no había visto el decreto preparado por Pujals. Pero Pujol desautorizó a su vez el jueves a Trias al confirmar que el Ejecutivo autonómico sí lo conocía. Serra aseguró que la actitud del Gobierno catalán en este asunto está dictada por "el interés electoral" y es contraria al "interés colectivo del pueblo catalán". El líder del PSC acusó a los nacionalistas de provocar polémicas artificiales sobre la lengua para desviar la atención pública de "las serias dificultades a las que se enfrenta la Generalitat, como el destino de los fondos ocupacionales o las listas de espera de la sanidad pública". El Gobierno de CiU intenta ocultar, según Serra, otro problema: la inexistencia de una industria cinematográfica catalana sólida. El líder del PSC responsabilizó a la Generalitat de esta circunstancia por la "falta de una política adecuada y de sus correspondientes recursos". El problema, vino a decir, es que no se hace cine catalán y, en lugar de abordar este asunto por la raíz y estimular la industria cinematográfica autóctona, la Generalitat recurre al parche de las cuotas de doblaje. La ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, criticó ayer en declaraciones a la emisora de la Generalitat Catalunya Ràdio la imposición de sanciones que prevé el decreto elaborado por Pujals. "Entiendo la preocupación del Gobierno de Cataluña y del presidente Pujol", dijo Aguirre, "pero los medios para conseguir más películas en catalán no son las multas, las sanciones y las imposiciones". De rodillas Pujol replicó ayer mismo a Serra y a Aguirre. Tras recordar que el Gobierno del PP desarrolló en 1997 la ley aprobada en la época socialista sobre cuotas de cine en castellano, dijo: "Estos dos personajes pretenden darnos lecciones de modos e intentan que rectifiquemos algo que es necesario para Cataluña", dijo. Y agregó: "Algunos quisieran que fuéramos de rodillas, pero nosotros mantenemos los principios de siempre en defensa de los intereses de Cataluña". Respecto a la tradicional discrepancia entre CiU y el PP en materia lingüística, Serra opinó que nacionalistas y conservadores "han pactado" mantener esa diferencia para contentar a sus respectivos electorados. Iniciativa per Catalunya, otra de las formaciones que apoyaron en su día la actual ley de política lingüística, lamentó también que Pujals no les hubiera remitido el decreto antes de difundirlo públicamente y pidió que se prorrogue hasta el 20 de julio el plazo de consultas con el sector cinematográfico, pero defendió la existencia de sanciones. La Generalitat y El Corte Inglés firmaron ayer un convenio para la aplicación de la ley del catalán en todos los centros comerciales de la citada empresa.