Álava encarga un estudio legal sobre la postura castellana respecto a Treviño

El diputado general de Álava, Félix Ormazabal, anunció ayer que la institución foral encargará a un jurista experto en la Constitución española "lo más independiente posible" que analice las posibles irregularidades en la negativa de la Junta de Castilla y León a que se abriese el proceso de segregación del enclave de Treviño. Los dos ayuntamientos del condado pidieron permiso en marzo a las instituciones castellanas para iniciar el proceso de anexión a Álava y convocar un referéndum entre sus ciudadanos, pero les fue denegado. La Diputación alavesa, descontenta con los argumentos esgrimidos por el Gobierno del Partido Popular en Valladolid, ha estudiado varias fórmulas para recurrir aquel informe negativo. Finalmente ha descartado que los servicios jurídicos forales elaboren un recurso propio. "Nosotros no tenemos capacidad suficiente para hacerlo porque nos tendríamos que dedicar en exclusiva a ello", explicó Ormazabal. Por tanto, el diputado peneuvista gestiona ahora con varios bufetes el encargo de un estudio que aclare los posibles defectos en la negativa de Castilla y León. "Se analizará si sus argumentos son suficientes o arbitrarios", añadió un portavoz de su gabinete. Con esta maniobra se pretende acopiar argumentos ante las administraciones contrarias al referéndum, aunque "sin acritud", señaló Ormazabal. Su intención es continuar con la vía del diálogo e insistir para que se convoque de nuevo la comisión mixta entre las instituciones del País Vasco y Castilla y León, que sólo se ha reunido tres veces, la última el 27 de octubre pasado. "Plazo negociable" El diputado general volvió a referirse a la propuesta socialista de avanzar primero en la prestación de servicios a los vecinos de Treviño y más tarde tratar la cuestión del referéndum, y afirmó que, por su parte, "el plazo para que se cumpla la expresión de la voluntad de los treviñeses es negociable". Ormazabal agregó que la Diputación ha encargado un nuevo estudio "sobre la realidad histórica, demográfica, económica y social del enclave", cuyos primeros resultados se conocerán en pocas semanas. En su comparecencia ante la comisión especial sobre Treviño de las Juntas Generales, y en respuesta a una pregunta del procurador de Herri Batasuna Iñaki Olalde, el diputado habló de la posibilidad de intentar "modificar la Constitución o el Estatuto de Castilla y León" para favorecer que se lleve a cabo el referéndum, aunque matizó inmediatamente que "más fácil que cambiar el marco legal es convencer de que se lleve a cabo la voluntad de los ciudadanos". A la comisión acudió como invitado el alcalde de La Puebla de Arganzón, uno de los dos municipios del condado. Alfredo Oraá pidió la intercesión de las Juntas Generales para avanzar en el proceso de desanexión. Su principal argumento fue: "No podemos entrar en el año 2000 siendo europeos sin ser alaveses".