Proyecto arbitrario

EL CONSEJO de Estado acaba de propinar un serio correctivo al proyecto de Ley de la Función Pública, redactado por el Gobierno para modernizar la Administración. El dictamen critica aspectos medulares del proyecto y, por lo tanto, el hecho de que no descalifique globalmente el texto no es motivo de alivio para sus autores. Asegura el Consejo que el proyecto no establece con claridad cuál es el sistema de selección de personal en la Administración. Es ésta una indefinición grave cuando en el conjunto del país aparecen conectadas varias administraciones, principalmente la central y las autonómicas. Podría darse el caso de que los funcionarios del Estado estuviesen sometidos a los rígidos procedimientos de acceso de una oposición mientras que en otras administraciones el acceso se consiguiera por sistemas de concurso o concurso-oposición. El riesgo de originar un caos administrativo es más que evidente.En la misma línea de indefinición se mantiene el proyecto cuando regula lo que se conoce como libre designación y los ascensos en la carrera funcionarial . El dictamen recuerda al Gobierno que la libre designación es una puerta abierta al nombramiento discrecional de los funcionarios, y que su aplicación debe controlarse mediante un casuística muy estricta. Es la misma discrecionalidad que acecha tras la falta de criterios para los ascensos por méritos. Es verdad que los viejos sistemas de promoción administrativa eran lentos y desincentivadores, pero la aplicación de otros sistemas no implica renunciar a normas comunes para todas las administraciones. Los criterios para seleccionar los méritos de los funcionarios no deben resultar arbitristas.

De la lectura del dictamen se desprende que el Ministerio de Administraciones Públicas ha sido incapaz de articular un esquema de la función pública que cohesione la transparencia y la estabilidad de la Administración tradicional con la flexibilidad que requiere un funcionariado más moderno. La insistencia del Consejo en la discrecionalidad que late tras varios aspectos sustanciales del proyecto refuerza la sensación de que el Ejecutivo ha pretendido más salir del paso y garantizarse manos libres para la designación de cargos que convencer a la opinión pública de que por fin tendrá interlocutores capacitados y dispuestos en las ventanillas.