Una reforma poco vulnerable

La propuesta del Gobierno de modificación del IRPF ha despertado recelos y controversia. Una preocupación, seguramente no la única, es una percepción de alejamiento de nuestra fiscalidad respecto a un ideal igualitario y redistribuidor. Es una crítica comprensible, pero también, pienso, poco atinada.Distingamos, para empezar, entre gastos e ingresos fiscales. Por lo que respecta al gasto público, es bien sabido que su efecto tiende a ser redistributivo. Así será si, por ejemplo, sus beneficios se reparten igualmente entre la población (investigaciones recientes de los profesores Calonge y Manresa, de la Universidad de Barcelona, corroboran que bien pudiera ser éste el caso de España). Sería incluso deseable una inflexión progresiva: que el impacto del gasto fuese ligeramente inversamente proporcional a la renta individual.

Por lo que hace a los impuestos, tendríamos dos filosofías un tanto contrapuestas. Una sería la del proporcionalismo modificado: partiendo de la evaluación financiera de las tareas que se convienen propias del sector público, derivaríamos un tipo normal de imposición. Es el que idealmente toda unidad de renta debería pagar. La modificación vendría por el reconocimiento de un principio de asistencia: a las rentas de nivel bajo, inferior a un nivel de necesidad, hay que eximirlas de tributación. Por continuidad, las semibajas tributarían a un nivel intermedio, etcétera. El resultado sería una escala creciente con el tipo marginal máximo igual al tipo normal. La imposición es progresiva (los ricos pagan proporcionalmente más que los pobres), pero la implicación de esta filosofía es que este efecto es transitorio: tendencialmente, si la renta mínima aumenta y la población sale de los niveles de necesidad, el sistema evolucionará hacia la proporcionalidad.

Para la filosofía alternativa no bastaría la progresividad del gasto y de la imposición, sino que se consideraría pertinente y deseable que los tipos máximos fuesen permanentemente y significativamente superiores a la media. Hay, al menos, dos razones de peso, que pasamos a exponer, para dudar de la eficacia redistributiva de esta filosofía.

La primera es bien conocida: tipos máximos decididamente por encima de la media hacen que los proyectos de rebaja de carga fiscal sean los proyectos de inversión más productivos de las rentas altas. Todo el sistema de asignación de recursos queda perturbado por flujos considerables de los mismos orientados a facilitar una actividad socialmente improductiva pero privadamente muy beneficiosa: la de evitar (legalmente) impuestos.

La segunda razón es menos familiar. La no proporcionalidad crea la impresión, frecuentemente equívoca, de que las rentas altas pagan proporcionalmente mucho más y, al hacerlo, resta justificación a la política de redistribución por el lado del gasto. Propongan, por ejemplo, que las rentas altas se paguen la enseñanza superior y se encontrarán con la respuesta de que ya se la pagan por la vía de la alta progresividad.

A la vista de estas consideraciones, uno se inclina a concluir que la reforma propuesta va en la dirección apropiada. Es también políticamente sensata: la gran mayoría de ciudadanos, y no sólo los ricos, pagará menos impuestos. ¿Es oportuna? En todo caso, es prudente. Es poco probable que la reforma genere un desequilibrio fiscal de alguna significación, al menos mientras dure la fase actual de expansión. En definitiva, parece una reforma con un nivel bajo de vulnerabilidad política.