España permitirá el atraque de buques nucleares de EEUU en Tarragona

El Gobierno español autorizará el atraque en el puerto de Tarragona de los buques de propulsión nuclear de la Marina de Estados Unidos, fundamentalmente portaaviones, según adelantó ayer en el Congreso el ministro de Defensa, Eduardo Serra, quien matizó que aún no se ha tomado una decisión definitiva.La petición de ampliar con Tarragona los tres puertos españoles en los que ya pueden atracar este tipo de buques -Rota, Cartagena y Palma de Mallorca, salvo en agosto- la presentó el pasado 20 de abril la Embajada norteamericana y cuenta con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ayuntamiento de la ciudad, cuyo alcalde, Joan Miquel Nadal, es el portavoz del Grupo Catalán en la Comisión de Defensa del Congreso.

"Con toda probabilidad, la respuesta será positiva, ya que las ventajas son mayores que los inconvenientes", dijo Serra, quien aseguró que "la principal preocupación del ministerio es la seguridad y la posibilidad real de realizar controles efectivos".

El control de los buques de propulsión nuclear, para detectar posibles emisiones de radioactividad, corre a cargo de los Grupos Operativos de Vigilancia Radiológica Ambiental (Gouras) de la Armada. Dichos grupos, de los que hay tres, uno por cada puerto autorizado, toman muestras de agua y sedimentos del fondo 48 horas antes y después de la visita de los barcos, y realizan mediciones ambientales durante el tiempo de atraque.

La preferencia de la Marina de EEUU por puertos civiles en vez de bases militares se debe a su deseo de dar mayores posibilidades de ocio a las tripulaciones después de largas travesías, mientras que el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona se basa en los beneficios que dejó la visita del portaaviones convencional J.F.Kennedy en octubre pasado.

De hecho, la polémica más áspera no fue la que enfrentó ayer en el Congreso al ministro con los portavoces de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, Willy Meyer y Mercé Rivadulla, sino a éstos con Nadal, quien acusó a los contrarios a esta medida de favorecer a otras ciudades "en una pugna de carácter económico".

Meyer y Rivadulla pidieron también la destitución del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, José Faura, por sus declaraciones en Chile, criticando el proceso abierto en la Audiencia Nacional contra la dictadura de Pinochet. Ambos portavoces calificaron estas manifestaciones de grave error, aunque dejaron claro que no cuestionaban "la profesionalidad y talante democrático del general Faura".

Serra descartó el cese, pese a admitir que las palabras del jefe del Ejército "no fueron oportunas", y agregó que "no era procedente una rectificación, porque ya la hizo el propio ministro" en sus declaraciones a la prensa chilena.