Los arquitectos apoyan la protección que da la ley de vivienda

Los compradores de una vivienda nueva tendrán a su alcance a partir de fin de año mayores garantías respecto a la solvencia del promotor y de la calidad de la edificación. La Ley de Ordenación de la Edificación elaborada por el Ministerio de Fomento, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar a finales de julio, viene a cubrir la desprotección que sufren los particulares españoles a la hora de adquirir un piso frente a promotoras de dudosa solvencia que desaparecen sin dejar rastro tan pronto como venden las fincas. La empresas constructoras y las sociedades promotoras de viviendas tendrán la obligación de suscribir tres pólizas de seguros que garanticen la calidad de los acabados y de las instalaciones, así como la solidez de los edificios de las viviendas, sean pisos o casas. En opinión del Colegio de Arquitectos de Cataluña, lo más destacable de la nueva norma es que clarifica el papel que deben desempeñar los agentes que intervienen en el proceso de edificación. Según declaró ayer el decano del colegio, Joan Baptista Mur, este colectivo profesional no considera razonable que el arquitecto cargue con la responsabilidad de determinados problemas que no le incumben en los 10 años siguientes a la recepción de la obra. Mur puso el siguiente ejemplo: si en una vivienda se instala una caldera defectuosa en cuya fabricación no ha intervenido para nada el arquitecto, igualmente podrían exigírsele a él responsabilidades. El texto del borrador recoge esencialmente el proyecto elaborado por el Gobierno del PSOE. Mientras que los arquitectos catalanes lo acogen con alivio, entre los promotores y los constructores despierta menos entusiasmo, y advierten que la obligación de suscribir seguros repercutirá en un aumento de los precios de las viviendas de entre un 2% y un 6%. El Colegio de Arquitectos no cree que los precios finales se disparen más del 2% e insisten en que lo importante es que saldrá ganando la calidad del producto. Mantener las fincas El nuevo reglamento elaborado por el Ministerio de Fomento definirá algunas cuestiones relacionadas con los usuarios. Entre estas cuestiones está la obligación de mantener adecuadamente la finca que se adquiera. Respecto a este punto, en Cataluña rige la ley de la vivienda de 1991, que establece la necesidad del libro del edificio, en el que se hace constar la calidad de los materiales, entre otras cosas. Sin embargo, en la práctica, esta ley no se cumple, ya que, según afirman tanto los colegios de arquitectos como los de aparejadores, casi nunca, salvo contadísimos casos y tras unos procesos judiciales muy complejos, llegan a aplicarse sanciones a quienes incumplen la normativa que obliga a los usuarios a mantener en buen estado los inmuebles adquiridos.