Roses prefiere que sea la Generalitat quien responda a Álvarez de Miranda
El alcalde de Roses, Carles Páramo, ha dejado en manos de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat la decisión de enviar a Madrid la documentación, requerida por el Defensor del Pueblo, de la convocatoria de una plaza de albañil municipal. El delegado del Gobierno de la Generalitat en Girona, Xavier Soy, aseguró ayer que no le constaba que Fernando Álvarez de Miranda hubiera abierto nunca un expediente relacionado con una presunta discriminación lingüística a ningún municipio gerundense. "Y mucho menos en los términos en que se ha producido éste, a raíz de una noticia aparecida en algún periódico", añadió Soy. El delegado opinó que lo más sensato hubiera sido telefonear al Ayuntamiento e interesarse por la convocatoria sin armar tanto revuelo. Carles Páramo (CiU) desmintió inmediatamente la noticia de que un aspirante a la plaza de albañil municipal había sido rechazado a causa de sus escasos conocimientos de catalán. Según Páramo, las bases para la obtención de la plaza aún no han sido publicadas. El alcalde convergente también lamentó que el Defensor del Pueblo se hiciera eco de una noticia sin verificarla. El alcalde de Roses no recibió un fax firmado por Fernando Álvarez de Miranda hasta el martes a las diez la mañana, cuando los medios de comunicación ya se habían hecho eco de unas declaraciones del Defensor del Pueblo referidas a la presunta discriminación lingüística que se había producido en el municipio gerundense. En la carta, Álvarez de Miranda se interesa por los términos de la convocatoria de personal y anuncia la apertura de un expediente de oficio. El Defensor alude a "la exigencia a los aspirantes a ocupar una plaza de albañil de hablar y escribir correctamente la lengua catalana", conocida, según admite, a través de los medios de comunicación. El Defensor del Pueblo explica en su carta que esta condición podría "no compadecerse con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que garantizan el acceso al empleo y la función pública". Resoluciones judiciales La convocatoria del Ayuntamiento de Roses establece que el aspirante a la plaza de albañil tenga el certificado del nivel A de catalán, el básico de los que establece la Junta Permanente de Catalán. Para obtenerlo hay que acreditar una elemental capacidad de comprensión y expresión oral y escrita de la lengua catalana. El juez decano de Barcelona, Joaquín Bayo, destacó ayer la "paradoja" que supone que la nueva ley del catalán fomente el castellano en los juzgados, ya que algunos usuarios, acogiéndose a esta norma, han pedido resoluciones en castellano en los pocos casos de jueces que las emiten en catalán. Según Bayo, "lo lógico y normal" sería que con la Ley de Política Lingüística se tendiese más al fomento del catalán, por ser la lengua infrautilizada en los tribunales
