Sale el obispo, entran los parlamentarios

El obispo de San Cristobal de las Casas, Samuel Ruiz, no cree posible un diálogo directo entre el Gobierno y el Ejército zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mientras se aplique una «represión selectiva» en Chiapas. «Se está pensando ahora que con los enfrentamientos que se provocan en las comunidades, haciendo que se hagan pedazos y se dividan, y tratando de detener el movimiento de unos y otros aplastándolos, va a haber paz», declaró. El prelado abandona su mediación oficial, pero no la particular: «La construcción de la paz es para todo obispo una tarea irrenunciable (...) Aunque estoy viejecito (74 años) no estoy diciendo que estoy cansado y me voy a sentar».

Y en el Congreso, donde los sucesos del miércoles acentuaron las divisiones existentes, la diputada del gobernante Partido Revolucionario Institucional, Marlene Herrera, insistía en el criterio del Ejecutivo sobre el obispo, secundado en ese punto por el conservador Partido de Acción Nacional: «Lo único que hizo fue frenar el proceso de negociación y enrarecer e diálogo». El congresista del Partido de la Revolución Democrática Gilberto López y Rivas carga contra la administración, a la que acusa de ejecutar una política de guerra. Coincide con esa tesis el comunicado de una agrupación de ONG. «¿Cómo se puede proponer la vigencia del Estado de Derecho cuando permanecen impunes los autores de la matanza de Acteal?», denuncian.

Aunque con matices, la mayoría de las fuerzas parlamentarias apoyan alguna mediación que facilite el diálogo. Una de las hipótesis manejadas es devolver el protagonismo a la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), que tradujo jurídicamente los Acuerdos de San Andrés, en 1996, sobre derechos y culturas indígenas y pasó a mejor vida al discrepar sobre su aplicación el Gobienro y el EZLN. La COCOPA hizo un «desesperado» llamamiento «para que el Gobierno cese sus hostilidades y el EZLN cese su silencio».