La Comisión critica a los 15 Gobiernos por no dar alternativas a su política de cohesión

La Comisión Europea acaba de pedir a los 15 Gobiernos de la Unión Europea que planteen alternativas constructivas y globales a su plan de reforma de los Fondos Estructurales para el periodo 2000-2006 contenido en la Agenda 2000. En una carta que ha enviado a los respectivos ministros de Hacienda a la que ha accedido EL PAÍS, la comisaria de Política Regional, Monika Wulf-Mathies, lamenta el egoísmo corporativo por el que "cada ministerio desea mantener su propio programa sectorial", obstaculizando la reforma.

El llamamiento precede al debate informal que inicia hoy en Glasgow el Consejo de Ministros comunitarios de Política Regional. Traza un balance muy crítico de las discusiones previas mantenidas en los comités técnicos. Aunque los Quince han aplaudido los principios inspiradores de la reforma -concentrar las ayudas, simplificar los mecanismos y descentralizar la gestión-, se oponen a ella en los puntos que más les afectan.Más concretamente, los Gobiernos favorecen "un enfoque marcadamente selectivo" de estos objetivos, "ya que aceptan lo que sirve a los intereses creados de los ministerios nacionales, las regiones actualmente beneficiarias o la posición presupuestaria neta del país". Pero "tienden a rechazar" las medidas destinadas a "mejorar la política regional europea en su conjunto".

Así sucede con el principio de concentración, mediante el cual Bruselas pretende concentrar las ayudas en menos población, la más necesitada (del 51% de la población actualmente beneficiaria, se pasaría a un 40%), por razones financieras y de reforzar la cohesión. "El conjunto de las reacciones nacionales" contradictorias dificulta la puesta en práctica de la concentración, alerta la carta.

¿Por qué? Porque mientras los ministros de Hacienda desean ahorrar algo concentrando la población beneficiaria -y no superando el actual umbral dedicado a la política de cohesión, el 0,46% del producto interior bruto (PIB) comunitario-, otros colegas suyos consideran que la norma no va con ellos "y no se les debe aplicar plenamente, alegando habitualmente circunstancias especiales".

La comisaria también constata una "bastante asombrosa" resistencia a la descentralización, por la que Bruselas pretende otorgar mayor papel a las regiones en la política de cohesión y la responsabilidad de su gestión cotidiana a los Estados, reservándose un papel estratégico y de control último. Y a la simplificación, por la que se busca fusionar en uno solo todos los programas destinados a una región, evitando duplicidades.

Ese rechazo procede, acusa Wulf-Mathies, "del deseo de los ministerios nacionales de acotar su territorio político", porque "cada ministerio desea mantener su propio programa sectorial", aunque ello sea globalmente ineficaz.

Recelo de España

La responsable de la política de cohesión europea se queja también del recelo manifestado desde varios Gobiernos -entre ellos, el español- a la "reserva de buena ejecución" que propuso en la Agenda 2000. Esta reserva separaría un 10% de los casi 240.000 millones de euros (cerca de cuarenta billones de pesetas) dedicados a la política estructural o de cohesión durante todo el periodo para premiar a quienes mejor apliquen sus programas.Los que se oponen a ello "parecen rechazar el concepto de que los encargados de la gestión del programa" (los Gobiernos), "sean considerados responsables de los costes y de los resultados" de los mismos, argumenta la comisaria alemana.

Y además, nadie ha propuesto "operativas alternativas". "¿Se puede justificar ante el contribuyente" el mantenimiento del viejo sistema, que "carece de incentivos a una gestión sana y eficaz?", interroga Monika Wulf-Mathies.