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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Derecho y deberes

EL DERECHO a que unos den clase de religión genera la obligación de que otros asistan a materias alternativas. Ésa es la curiosa doctrina que se desprende de la reciente sentencia en la que el Tribunal Supremo rechaza la reclamación de los padres laicos de la CEAPA de que se suprimiera la alternativa a la religión en la enseñanza no universitaria. El auto consagra la situación actual, debida a los socialistas, que se tentaron la ropa antes de dar a elegir entre religión y nada, o directamente nada, como en Estados Unidos y Francia. Pero también tiene cierto efecto balsámico para la Iglesia católica, empeñada desde que Aznar llegó a La Moncloa en que el Gobierno del PP ponga sordina al laicismo del Estado y aporte su grano de arena, aunque sea de forma solapada, al mantenimiento de la grey católica.La religión es evaluable (pero no computable para selectividad y becas), y lo que los obispos desearían es que su alternativa revistiera suficiente dificultad académica como para empujar a los alumnos hacia las aulas de religión. La ministra de Educación, Esperanza Aguirre, ha amagado en diversas ocasiones con erráticas y ambiguas propuestas de alternativas éticas, pero no se ha atrevido a cambiar la normativa.

No lo tiene fácil, porque lo que hasta ahora lleva dicho el Supremo es que una alternativa no evaluable es perfectamente legal, pero no lo sería si versara sobre contenidos del currículo (ni siquiera si consistiera en tiempo de estudio). El tribunal ha decidido ahora que, además de no evaluable y no curricular, sea obligatoria para quienes no quieran religión. Este último paso es más que discutible: sería como obligar a ver cricket a todos aquellos que no disfrutan del fútbol con el argumento de que no es justo penalizar al deporte rey.

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