El presidente de la Confederación del Tajo declara por supuesta prevaricación
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), José Antonio Llanos, declaró ayer en calidad de imputado por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Llanos respondió durante cerca de seis horas a las preguntas del juez Mario Pestaña sobre las supuestas irregularidades descubiertas en la adjudicación de las obras del trasvase Picadas-Toledo, una tubería de 22 kilómetros que pretendía llevar el agua desde Madrid a la provincia vecina.La obra fue adjudicada sin concurso previo a la constructora FCC el 31 de diciembre de 1995, por 3.500 millones de pesetas. La Ley de Contratos del Estado prohíbe adjudicar obras sin concurso previo, aun con carácter de emergencia, como ocurrió en este caso, si la cuantía de la misma excede de 681 millones.
Llanos explicó ayer al juez que el autor de la adjudicación fue su antecesor, Enrique Noaín, según señalaron asistentes al interrogatorio. Sin embargo, fue Llanos quien, tras acceder al cargo en junio de 1996, dio la orden para que se iniciasen las obras.
Las partes presentes en el interrogatorio (entre ellas, el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio) preguntaron a Llanos por qué no suspendió la adjudicación, dado que excedía los 681 millones, máximo permitido legalmente, y convocó el preceptivo concurso público para la ejecución de esas obras. Las partes alegaron que las razones de emergencia aducidas en su día para la adjudicación de las obras del trasvase (la sequía que sufría el centro peninsular en esas fechas) ya habían desaparecido, pues el invierno de 1995 fue muy lluvioso. "Ignoraba que no se pudiese adjudicar directamente una obra por esa cantidad", comentó Llanos, según las fuentes citadas.
Otra de las cuestiones que le plantearon durante el interrogatorio se refería a la modificación del proyecto original de las obras: la tubería, en vez de discurrir por el margen derecho del río Alberche, ocupaba el izquierdo. La CHT siempre ha mantenido que cambió el primer trazado por "razones medioambientales". El contrato primitivo establecía además la construcción en la zona "de un edificio, de una estación de bombeo, de un sistema de impulsión del agua y un trazado del travase con una longitud de 23,5 kilómetros". "Nada de lo que se ha hecho hasta ahora", señalaron ayer fuentes jurídicas, "se ajusta al proyecto de obra inicial", a pesar de que ya se han gastado casi "1.600 millones de pesetas".
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Una juez paralizó la construcción del trasvase de Picadas hace ocho meses
VIENE DE LA PÁGINA 1Llanos compareció ayer ante el juez Pestaña a raíz de una denuncia presentada por un vecino de Aldea del Fresno, que tiene una finca por la que pasan las obras del trasvase. A la denuncia se adhirió el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio. "La Confederación", explicaron ayer fuentes jurídicas, "ha acometido en este trasvase una obra distinta a la aprobada inicialmente. A todas luces, estos segundos trabajos, que carecen de proyecto, son de una envergadura económica inferior de la presupuestada: por ejemplo, el edificio proyectado no se va a hacer, y la longitud del trasvase será inferior y menos costosa a la aprobada, pues el nuevo trazado aprovecha el sendero de una línea férrea que ya exitía".
Durante el interrogatorio de ayer, una de las partes personadas en este procedimiento preguntó a Llanos: "¿Por qué se ha modificado el proyecto inicial de la obra inicial sin, como marca la ley, elaborar uno nuevo que recoja esas variaciones?". Su respuesta, según asistentes al interrogatorio, fue la siguiente: "No lo consideramos necesario; lo íbamos a hacer cuando terminasen las obras". Llanos justificó el cambio del trazado del trasvase en "razones ambientales". Además de Llanos, también declaró ayer ante el juez, por este mismo motivo, el director de las obras, Juan Torres Cerezo.
Además de esta causa, que se sigue en el Juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Llanos tiene otra abierta en el Juzgado número 2 de Navalcarnero, debido a una querella por presunto delito ecológico, relacionado también con las obras del trasvase. La titular de este juzgado paralizó las obras en octubre pasado y dictaminó que existían "indicios racionales de criminalidad" en la actuación de la Confederación. Desde entonces, el trasvase está empantanado.
Cuando la Confederación inició el trasvase, según la juez, no hizo la declaración de impacto ambiental, trámite imprescindible en este tipo de grandes infraestructuras cuando atraviesan una zona protegida. El área por donde se planeó la tubería está declarada zona de especial protección para las aves (ZEPA)
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