El Supremo niega a la capital gaditana 625 millones por el puente Carranza

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Cádiz en 1993 con el que solicitó al Ministerio de Obras Públicas 625 millones de pesetas en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado por la no revisión de las tarifas del puente José León de Carranza durante los años 1980, 81 y 82 en los que tuvo que esperar a su liberación. Esta cantidad fue la reclamada previamente por la concesionaria del puente, Bética Autopistas, al consistorio gaditano, que fue condenado a pagar este dinero más 600 millones de intereses en 1994. La sentencia del Supremo, que fue notificada al gobierno local el miércoles, obliga además al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso que, según las estimaciones, pudieran rondar los 60 millones, de acuerdo a la reclamación solicitada. El teniente de alcalde delegado de Hacienda, José Blas Fernández, achacó de nuevo a una "mala gestión deteriorante de un gobierno socialista" las consecuencias del conflicto. Blas Fernández explicó: "Ahora resulta que de los 1.500, hemos tenido que pagar 1.200 a los que sumaremos ahora las costas, con lo que nos quedan escasos 300 millones y unas obras en el paseo marítimo que se conservan en un estado lamentable".