Obstruccionismo

EL PARTIDO Popular (PP) está recurriendo a una táctica obstruccionista para impedir que el Congreso de los Diputados pueda votar la ampliación de la actual normativa sobre el aborto. En dos ocasiones ha vetado en la Junta de Portavoces del Congreso la posibilidad de que puedan discutirse antes del periodo vacacional los proyectos de ley presentados por el PSOE, Izquierda Unida y Nueva Izquierda, que proponen la ampliación de los supuestos en los que está legalmente permitida la interrupción voluntaria del embarazo. Mediante la aplicación inflexible del reglamento, el PP rompe de este modo el consenso tradicional entre las fuerzas políticas que ha permitido alterar en numerosas ocasiones el orden de discusión de los proyectos, por razones de oportunidad política o de interés de alguno de los grupos.El PP tiene motivos para temer que en la discusión de estos proyectos de ley pueda quedar en minoría y ésta es la razón por la que ha recurrido al reglamento para vetar que la proposición de ley pueda discutirse. De hecho, la última vez que la ampliación de la ley del aborto se discutió en la Cámara, en el mes de febrero pasado, el proyecto fue retirado después de tres votaciones en las que se produjo un empate, y no prosperó por la ausencia de algunos diputados de izquierda. Es muy probable que si el proyecto se discute de nuevo, la votación sea favorable.

Mientras el presidente del Gobierno y los dirigentes del partido conservador no desaprovechan oportunidad alguna para hacer propaganda de que el PP es un partido de centro y que aplica una política centrista -¡incluso de centro izquierda!, según el peculiar portavoz del Gobierno-, hechos tan significativos como éste le sitúan no ya en el centro derecha, sino en la derecha de la derecha. La regulación del aborto define las posiciones políticas reales de cada cual en una cuestión que tiene que ver sobre todo con la libertad de creencias. Con su intransigencia, el partido del Gobierno ignora por completo las encuestas que indican que la mayoría de los ciudadanos están a favor de ampliar los supuestos en los que esté permitida la interrupción voluntaria del embarazo y actúa al dictado de los sectores eclesiásticos más ultramontanos, con lo que, más que el Gobierno de un Estado laico y plural, parece el Gobierno de un Estado confesional. Un arcaísmo más.