¿Una compañía estable para Madrid?

Madrid, como capital del Estado, acoge no solamente los centros teatrales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), dependientes del Ministerio de Educación y Cultura, sino también los gestionados por la Consejería de Cultura y los de propiedad municipal. Esta heterogeneidad de salas públicas origina una situación bastante caótica en lo referente a la oferta teatral, ya que cuatro de ellas -a las que se sumaría la compañía estable propugnada recientemente por el Consejero de Cultura- están dedicadas a la producción propia, con la consiguiente confluencia de planteamientos. Por tanto, en lugar de lanzar brindis al sol, las instituciones públicas deberían propiciar un ordenamiento que se vería facilitado por la teórica convergencia política entre sus representantes.El Teatro Español tiene una larga tradición como centro de producción de teatro de calidad, pero, desde el nombramiento de su actual director artístico, ha venido ofreciendo una programación de carácter populista carente de unos mínimos planteamientos artísticos: La venganza de don Mendo y El Guerrero del Antifaz sólo son coherentes con la estética de un alcalde que continuamente da muestras de un alarmante desvarío.

Los tres teatros regentados por el INAEM ofrecen una combinación de producciones propias y exhibición de otras ajenas, siendo algunas de éstas de origen privado, hecho que no deja de ser sorprendente ya que se trata de compañías que, hasta ahora, siempre habían podido acceder a otros espacios públicos madrileños, caso del teatro Albéniz.

En este embrollado contexto, el consejero Villapalos anuncia la creación de una compañía de teatro estable. Hay que distinguir dos aspectos en esta propuesta: en primer lugar, la cuestionable necesidad de dicha compañía en una ciudad donde ya existen cuatro centros de producción públicos, y, en segundo lugar, la incuestionable profesionalidad de la persona del potencial director, una de las personalidades más sólidas e interesantes del panorama teatral español. Josep Maria Flotats ha sido víctima de una criticable decisión política: desde la Administración no se puede imponer un criterio de programación contradictorio con el establecido al crear el Teatro Nacional de Cataluña (TNC), mediante el que se pretende obligar a posteriori a su director a reservar parte de la temporada teatral para programar producciones procedentes de la empresa privada. La ecléctica programación que había diseñado Flotats es similar a las de los teatros nacionales en toda Europa, en los que no tienen cabida los espectáculos de origen privado porque, como en el caso español, existen muchos otros espacios que acogen espectáculos de carácter no comercial. Por otro lado, es difícil entender las razones por las que la profesión catalana ha centrado sus iras en el plan de Flotats, pues el coste de construcción y equipamiento del TNC, el mejor espacio teatral existente en España, no ha superado la cifra normal para este tipo de centros. Además, esta inversión habría dado, a la larga, sólidos frutos, ya que el TNC se habría convertido, además de en una fuente de trabajo para todos los profesionales del teatro, en una espléndida escuela para la formación de actores y directores, así como en foco de difusión de la mejor dramaturgia actual de todas las tendencias, lo que, a su vez, habría potenciado la creación de nuevos públicos para el teatro. Es incomprensible que la profesión se queje de este dispendio mientras acepta tácitamente altísimos presupuestos dedicados a la rehabilitación de otros pomposos y elitistas espacios culturales.

Esta crítica a la iniciativa del consejero Villapalos deja, pues, al margen al posible director de esa potencial compañía estable -ojalá tuviéramos a Flotats al frente del Teatro Español, sin ir más lejos-, si no con la concurrencia de su iniciativa, con las propias de los teatros del INAEM. Además existe un compromiso firme con otros excelentes profesionales, como José Luis Gómez y Víctor Ullate, cuyos proyectos necesitarían un mayor apoyo institucional.

Y, desde luego, no se puede dejar en el olvido a las compañías y salas independientes que malviven en nuestra Comunidad. Bien podrían tomar ejemplo las autoridades culturales madrileñas de la política teatral puesta en marcha hace décadas por la Generalitat. ¿Cómo habrían evolucionado Joglars, Comediants, Fura dels Baus y el Teatre Lliure, por ejemplo, de no haber recibido apoyo económico de su Gobierno autónomo, además de las subvenciones del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, y del INAEM?

Lo único sensato inherente al Proyecto Villapalos es el hecho de que la ciudad de Madrid carece de un centro de teatro moderno dotado de todos los adelantos técnicos de su equipamiento escénico. Entre los arcanos del Ministerio duermen los planos de un proyecto, preparado durante los últimos años ochenta, para levantar en Madrid un espacio de estas características, precisamente en el solar donde la ministra Aguirre pretende construir un circo estable. Aquel proyecto implicaba concentrar la producción teatral del Estado en un único centro dotado de varios espacios escénicos de diferentes características, así como de salas de ensayos, conferencias y exposiciones, biblioteca y otros espacios de ocio.

Ésta es la ocasión para que Ministerio y Comunidad retomen conjuntamente este proyecto, cuyo coste sería compensado, en parte y a largo plazo, por el ahorro procedente de los altos alquileres de los teatros Comedia y Olimpia.

También es cierto que Madrid, como capital del Estado, no debería ofrecer un panorama teatral tan depauperado. La calidad de una temporada teatral no se mide por el número de ministros que van a los estrenos. Precisamente porque el teatro está en crisis desde sus orígenes, es un arte a potenciar por todos los que verdaderamente constituyen esta profesión, con el apoyo decidido de las instituciones públicas, cuyos representantes debían atender más a criterios de racionalidad en el gasto que a su deseo de salir en la foto.