Zaplana considera un "barrizal" el debate de las comparecencias sobre mociones de censura

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas solicitó el pasado 10 de marzo la comparecencia de 40 cargos públicos para que explicaran su vinculación con mociones de censura municipales. Todos los grupos apoyaron la iniciativa el martes. Los socialistas pidieron que se sume a la lista a Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, para que aclare su acceso a la alcaldía de Benidorm. Ayer, en Simat de la Valldigna, Zaplana descalificó la solicitud de la oposición y declaró: "No voy a meterme en el barrizal al que algunos quieren llevar a la clase política y el debate político".

La solicitud de 40 comparecencias formulada por el PP incluye nombres como Joan Lerma, Joan Romero, Antoni Birlanga, Clementina Ródenas o Aurelio Martínez, del PSPV, quienes han sido convocados a informar "acerca de los extremos sobre los que fueran consultados o conocieran en relación con negociaciones, acuerdos, pactos y mociones de censura que afectaran o afecten a instituciones de la Comunidad Valenciana". Los socialistas apoyaron la propuesta pero echaron a faltar la convocatoria de Zaplana, protagonista del "buque insignia" de las mociones de censura en territorio valenciano, en palabras de María Antonia Armengol, diputada del PSPV. Zaplana acudió al pleno de las Cortes en Simat de Valldigna y sugirió comentar ante sus señorías el resultado de su comparecencia, el martes, ante la ponencia de la comisión del Senado que estudia la posible reforma constitucional de la Cámara Alta. La precipitada oferta fue recibida con cajas destempladas por parte de todos los portavoces de la oposición, quienes acusaron al unísono al presidente de la Generalitat de intentar atraer sobre sí todo el protagonismo del simbólico pleno celebrado en la ruinas del monasterio cisterciense. Pero más sorprendente fue su airado comentario sobre la solicitud de comparecencia formulada por los socialistas. Zaplana afirmó que prefiere "no implicarse en esta cuestión que está generando debate en las Cortes Valencianas". El presidente concedió: "Haré lo que me corresponda y lo que las Cortes me digan". Pero insistió en desmarcarse de "una actuación tremendamente lamentable en la que están inmersas las Cortes Valencianas en los últimos tiempos, el tú más y el insulto permanente y la descalificación". Zaplana parecía haber olvidado el origen de las peticiones de comparecencia, una dinámica desatada por el PP a raíz de las denuncias sobre el denominado caso Dolores: la supuesta compra de dos concejales independientes del pequeño Ayuntamiento de la Vega Baja para arrebatar el cargo al alcalde socialista a cambio de la promesa de cuantiosas inversiones procedentes de la Diputación de Alicante. El presidente, evidentemente satisfecho por la buena acogida de su intervención en el Senado, afirmó: "Vengo a las Cortes a comparecer por temas serios, que preocupan a la gobernabilidad de la Comunidad Valenciana". Consideró cuestión menor comentar su llegada a la alcaldía de Benidorm y, en cualquier caso, explicó: "Después de tantos años imagínese lo que me puede importar". Zaplana justificó la oferta de explicar su comparecencia ante el Senado con humildad: "Lo que hago es ponerme a la entera disposición del pleno para contar lo que pasó". "Si se celebra otro día el debate pierde inmediatez y frescura", añadió. Pero la oposición respondió con contundencia. El socialista Antonio Moreno calificó la oferta como "una broma de mal gusto" diseñada para "distraer la atención" y lamentó "la obsesión enfermiza de Zaplana por cultivar su imagen". Glòria Marcos, de Esquerra Unida-Els Verds, comentó que "las Cortes no pueden estar al albur del presidente" y explicó que Zaplana instrumentaliza el Parlamento autonómico "para mayor lucimiento del rey". Albert Taberner, de Nova Esquerra, calificó como de "chulesca" la oferta de Zaplana. Fermín Artagoitia, de Unión Valenciana, se aferró al reglamento y se limitó a recordar "el mínimo trámite parlamentario" que es obligado seguir para comparecer ante el pleno, pero dudó de la oportunidad de la propuesta del presidente de la Generalitat. El debate de pasillos, en este caso bancales, deslució el pleno extraordinario en el que se aprobó la ley de Patrimonio Cultural con los votos a favor de populares y regionalistas y la abstención de todos los grupos de la oposición.