La Guardia Civil tacha de "penoso" el informe fiscal que exculpó al empresario de Port del Comte

Un informe confidencial de la Guardia Civil de Lleida califica de "penosos" los argumentos esgrimidos por la Fiscalía de Lleida para archivar las diligencias instruidas en 1994 contra Esteve Montañà Tomasa, ex propietario de la estación de esquí de Port del Comte (Solsonès), por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y desvío de subvenciones oficiales. El informe insinúa que una de las razones del sobreseimiento fueron las presiones políticas sobre el aparato judicial para salvar el nombre del industrial, según informó ayer la cadena SER-Lleida.

El informe considera que el archivo tiene connotaciones políticas. El fiscal jefe de Lleida, Martín Rodríguez Sol, retiró el pasado mes de septiembre los cargos contra Montañà aduciendo que en los registros efectuados en las distintas instalaciones de la empresa no estuvo presente el inculpado, por lo que las diligencias deben ser declaradas nulas. La fiscalía recordó entonces que al impedirse al detenido presenciar el registro se afecta su facultad de contradicción y se menoscaban sus facultades de defensa, lo que determina la ilicitud de la diligencia. Y el fiscal subraya que si las pruebas no son obtenidas legalmente, no pueden ser utilizadas como elemento de la acusación. La Guardia Civil, por su parte, admite como error de los instructores el no haber dejado constancia en las diligencias de la negativa de Montañà a asistir a las entradas y registros que se efectuaron en su domicilio y en las sedes de sus empresas. Lo que no comparten los agentes que investigaban el caso con el criterio del fiscal es que esa circunstancia invalide la actuación llevada a término. En los registros estuvieron presentes un hijo del detenido, su abogado, el contable de sus empresas y el oficial del juzgado de Solsona. La Guardia Civil rechaza que el informe de la fiscalía diga que el juzgado de Solsona se limitó a "realizar y bendecir las diligencias probatorias de la Guardia Civil, auténtico motor de este proceso", cuando las investigaciones las inició el anterior fiscal jefe, Manuel Jesús Dolz. "Es de significar", se señala en el informe, "que existieron presiones sobre la juez, fiscal e instructores realizadas por diferentes personalidades para que se dejara en libertad a Esteban Montañà y se intentara salvar, hasta aquellos días, su buen nombre". El industrial empezó a ser investigado tiempo atrás por su estrecha relación comercial con Ramon Mujal, un ganadero de Solsona que fue procesado en 1993 por tráfico ilegal de ganado, estafa a la Unión Europea de unos 2.000 millones de pesetas, falsificación y delito contra la salud pública por utilizar sustaancias anabolizantes prohibidas para el engorde del ganado. Mujal, implicado también en el fraude millonario descubierto en la aduana de La Farga de Moles, está en paradero desconocido. En los registros efectuados en las empresas de Montañà, la Guardia Civil intervino numerosa documentación y facturas por un importe de 268 millones de pesetas que resultaron ser falsas y que fueron utilizadas para solicitar y obtener subvenciones de diferentes departamentos de la Generalitat. También se incautó de cartas dirigidas a diferentes personalidades políticas, entre ellos al ex secretario general de CDC Miquel Roca y al ex consejero de Agricultura Joan Vallvé, a quienes Montañà reclamaba su ayuda para obtener los créditos solicitados al Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Este organismo le concedió entre 1990 y 1992 tres créditos por un importe de 225 millones de pesetas para financiar nuevos equipamientos turísticos en la zona. Pero como Montañà no devolvió el dinero, el ICF instó el embargo de sus bienes.