Los expertos de Robótica indican que el "caso Cartagena" responde a un diseño del Santander

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, es uno más entre 220 tenedores de depósitos opacos del Banco Santander que mantienen vivas deudas con Hacienda. Los técnicos de la Universidad de Valencia ratificaron ayer ante la juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, el informe que elaboraron a partir de los registros informáticos de la entidad financiera en las ocho sucursales de Alicante entre 1988 y agosto de 1989. También señalaron cómo las órdenes de compra de las cesiones fueron diseñadas por el Santander desde sus oficinas centrales.

La dimisión de Cartagena y su pérdida de la condición de aforado supuso la automática devolución de la causa separada contra el consejero de Obras Públicas a la Audiencia Nacional. Las diligencias practicadas por el magistrado José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entre ellas el informe elaborado por la Universidad de Valencia, se incorporaron a la causa general contra 220 titulares de depósitos opacos. Los técnicos del Instituto de Robótica comparecieron ante la juez Palacios el pasado jueves, pero las explicaciones requeridas por las diversas partes personadas en la causa se prolongaron más de lo previsto y sólo ayer culminaron la ratificación de su informe. Las dudas sobre la posible manipulación de las cintas magnéticas, que vertieron incluso los representantes del Santander, quedaron ayer en segundo plano. Los técnicos de la Universidad recordaron que los registros informáticos han estado custodiados por la Agencia Tributaria, institución por la que todos los presentes expresaron respeto. Los responsables del informe también señalaron cómo, entre las diligencias previas que les remitió la Agencia Tributaria, figuraban documentos de los que se incautó el juez Miguel Moreiras en 1992, cuando se abrió la causa contra el Santander. Entre ellos, circulares internas del Santander en las que se especificaba la forma de proceder para constituir las cesiones de crédito. Así, el comando SJ5, la orden de compra de una cesión de crédito, debía recoger la terminal desde la que se ordenaba y la sucursal correspondiente, los datos del cesionario, del comprador, el número de la cesión, el valor de constitución y, a través de una fórmula anexa, el valor del depósito en la fecha de vencimiento. Firmas a lápiz En el caso de los activos financieron mixtos (Afmix), diseñados simultáneamente, la orden de constitución obviaba el nombre del cesionario y las órdenes internas del banco sugerían que todos los registros documentales por escrito se cumplimentaran con lápiz. Las cesiones de crédito de que disponía Cartagena en julio de 1989, cuando el Banco de España sometió el producto a un coeficiente de caja similar al de cualquier otro fondo de inveresión, fueron transformadas en Afmix, un depósito todavía más opaco. Los representantes de las diferentes partes personadas en la causa centraron ayer sus preguntas a los responsables del informe en torno a la relación entre titulares, cesionarios y beneficiarios de los depósitos opacos para desarmar el seguimiento de los técnicos de la Universidad. La ausencia de soporte documental de las operaciones, más allá de las cintas magnéticas, centró el grueso de las dudas planteadas por las defensas de las diferentes partes implicadas. La causa queda pendiente ahora de la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, a quien corresponde instar los pasos siguientes. Santos no ha acudido a ninguna de las dos comparecencias de los técnicos de la Universidad de Valencia. Cartagena dispuso entre 1988 y agosto de 1989 de casi 300 millones de pesetas en diversos depósitos, desde cesiones de crédito a pagarés de propia financiación hasta Afmix. Las ocho sucursales del Santander en Alicante constituyeron en el mismo plazo cesiones de crédito por un valor de 3.200 millones de pesetas. En el conjunto del Estado, el banco llegó a acumular hasta 440.000 millones de pesetas en depósitos opacos, según recogió en diversos autos el juez Moreiras, responsable de la instrucción hasta que fue destituido en 1996.