Román paga una multa por cortar el peaje de la autopista de Cádiz

El presidente de la Diputación de Cádiz, el socialista Rafael Román, pagó ayer de su bolsillo las 65.000 pesetas de la multa que le impuso la Subdelegación del Gobierno de Cádiz como convocante de un acto de protesta contra la prórroga del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz en el que se cortó la circulación. Ese fue uno de los tres actos que llevó a cabo la Plataforma Antipeaje, cuya formación fue liderada por la Diputación en su inicio, y que integra a todos los partidos políticos, los sindicatos y colectivos sociales, salvo el Partido Popular. Román abonó ayer la cuantía de la sanción después de que el Ministerio del Interior rechazara su recurso administrativo contra la misma. "Estas 65.000 pesetas es el recibo que yo tengo por rechazar la prórroga del peaje", dijo. Y fue más allá: "Otros tendrán su propio peaje desde el 2.006 hasta el 2.019". El periodo al que aludió el presidente de la Diputación de Cádiz son los 13 años en que la empresa Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) seguirá explotando la concesión de esta carretera en virtud del acuerdo alcanzado con el Gobierno a cambio de una reducción de las tarifas. El presidente de la Diputación, que informó que no recurrirá a la vía de lo contencioso-administrativo -"es más cara y engorrosa", explicó- acusó al Partido Popular de mentir a los ciudadanos. "Hay un incumplimiento flagrante del PP, que convocó a la ciudadanía las urnas bajo la promesa de liberalizar progresivamente el peaje". Por otra parte, Román informó de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido suspender los plazos de presentación de nueva documentación por parte de la Diputación, que había denunciado ante este alto tribunal el acuerdo de prórroga de la concesión del peaje para la autovía. De este modo, la institución provincial puede incluir en cualquier momento los balances y las cuentas de resultados de Aumar durante los 10 últimos ejercicios en el contencioso. La decisión del Supremo se basa en que la empresa no ha remitido, hasta el momento, la documentación exigida.