Una juez implica en una intoxicación con tres muertos a Gas Natural

El Juzgado de Instrucción número 2 de Coslada ha implicado a Gas Natural en la muerte de un padre y dos hijos el 24 de enero de 1996 por una intoxicación de monóxido de carbono. La investigación judicial sostiene que los inspectores que actuaron en representación de esta empresa, así como los que anteriormente giraron visita, no detectaron las "graves deficiencias" de la instalación que causó el trágico suceso, pese a lo que le dieron el visto bueno. El juez considera que de estos hechos se deriva un supuesto delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte.

La reconstrucción judicial pone al descubierto la asombrosa cadena de despropósitos que llevaron a la tumba al mecánico Sergio Pereira Fernández y sus hijos Javier, de 14 años, e Isabel, de 13. Una serie de negligencias que permitieron que una instalación deficiente superase todos los controles y que la noche del 24 de enero de 1996 quedase lista para matar.Así, los informes aportados al juzgado muestran que el conducto de evacuación de humos estaba mal construido, el deflactor incumplía los requisitos técnicos e incluso la rejilla de ventilación de la cocina estaba tapada con un llamativo mueble. En estas condiciones sólo hizo falta que concurriese un alto consumo de gas (esa noche hacía frío) y un poco de viento para que el humo se acumulase y la llama del calentador empezase a liberar el monóxido.

Horas antes de la tragedia, uno de los cuatro hijos del matrimonio empezó a sentirse mal. Era la primera señal de gas. Pero los médicos le diagnosticaron un ataque epiléptico y le enviaron al hospital de La Princesa. Allí permaneció toda la noche, lo que libró a él y a su madre, quien le fue a visitar, de morir en el piso de la avenida de Madrid.

Para los que permanecieron en la vivienda la suerte fue bien distinta. Sergio Pereira y los tres hijos que se habían quedado con él se sintieron repentinamente cansados y se tumbaron: el padre, en el sofá grande; Isabel en el pequeño y Javier, en la cama. En ese momento sonó el teléfono. Era la madre para informar que el hijo hospitalizado se encontraba bien. Pero su padre apenas pudo coger el aparato, se le caía de las manos. La muerte dulce ya había hecho acto de presencia.

Sólo la hija mayor, María, a la sazón de 17 años, mantenía un hálito de consciencia. Medio dormida, se dirigió al aseo para mojarse la cara. Pero instantes después, cuando intentó despertar a su hermano pequeño, se desmayó. El azar quiso que cayese junto a una puerta de salida. El aire de la rendija la salvó. A la mañana siguiente un familiar abrió la puerta y descubrió la tragedia. Tres muertos y una chica agonizante: desde entonces ni puede enderezarse y ni andar correctamente.

Fallos en cadena

Desde el principio del caso, los supervivientes de la familia, representados por el abogado Antonio Bádenas, han insistido en una pregunta: ¿Cómo es posible que una instalación que había pasado todas las inspecciones fallase de ese modo? Parte de la respuesta la ofrece el juez en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.El escrito bucea en los orígenes mismos del edificio y señala, en primer lugar, que el autor del proyecto de construcción del inmueble y el director de la obra suscribieron en julio de 1991 un certificado que señalaba que el edificio tenía instalación eléctrica, pero no de gas.

El segundo capítulo de la trama corresponde a la ejecución de la obra de la calefacción. Esta recayó en Termiagas. Como instaladores autorizados de esta firma actuaron María del Carmen Albasán y José Luis Yuguero. Ambos, según la juez, "no verificaron el estado de la instalación, en concreto el estado del conducto de evacuación de gases y el sistema de ventilación". Pero la obra, sin embargo, siguió adelante y fue supervisada por la entidad de Inspección y Garantía de Calidad.

Llegó entonces el turno a Gas Natural. En representación de esta empresa actuaron tres inspectores de las firmas subcontratadas al efecto: Servicios Gasistas, Eurocontrol y Gas Energía Ibérica. Ninguna advirtió fallo alguno. El inspector de Servicios Gasistas legitimó el 31 de marzo de 1992 el suministro de gas "pese a las graves deficiencias".

El agente de Eurocontrol autorizó el alta en el suministro, previa inspección de la finca, y el 24 de septiembre de 1993 el enviado de Gas Energía Ibérica efectuó una nueva inspección y firmó el visto bueno de la instalación. Tras enumerar esta telaraña de revisiones, la juez se muestra contundente y afirma que "los dos últimos agentes, al servicio de Gas Natural, tendrían que haber detectado las deficiencias habidas". La juez señala que de estos hechos pueden derivarse los delitos de imprudencia temeraria con resultado de muerte, lesiones, así como el de falsedad en documento oficial.

Un portavoz de Gas Natural señaló que la responsabilidad de su empresa en las inspecciones se limita a las partes vistas y que, en este caso, los supuestos defectos radicaban en zonas no visibles y , por lo tanto, fuera de su campo de acción. "Preferimos esperar a que se celebre el juicio y se pronuncien los tribunales", añadió este portavoz.