CiU no se enfrentará al PP por la reforma de la ley de la policía

El pasado miércoles, CiU apoyó en el Parlament una proposición no de ley de Esquerra Republicana para reformar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los independentistas argumentan que la citada norma deja a los Mossos d"Esquadra como una policía subsidiaria y colaboradora del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. La coalición nacionalista difiere de los motivos que da ERC. CiU opina que la ley, que entró en vigor hace 12 años, no prevé la actual realidad policial de Cataluña, impredecible en marzo de 1986. "Por ello", señala Xavier Pomés, consejero de Gobernación, "hay que adecuarla. Estamos a favor de la reforma, pero no haremos de ello un caballo de batalla contra el PP".

Pomés, que mantiene unas excelentes relaciones con los mandos del Ministerio del Interior, es tajante y rotundo en este aspecto: "El proceso de reforma de la ley no dará motivo para la discrepancia entre CiU y el PP". De todas maneras, el calendario de reforma o adecuación de la ley va para largo y en ningún caso la norma legal podrá ser modificada durante la actual legislatura, asegura el consejero. La Comisión de Interior de las Cortes, lugar donde se tiene que discutir la reforma de la ley, ha creado una subcomisión con el encargo específico de estudiar la modificación de la mencionada ley. Al final de sus trabajos, la subcomisión tendrá que elaborar su dictamen, que se pretende que tenga el máximo consenso. Este dictamen difícilmente estará listo antes de 1999. A partir de este punto, se iniciará un larguísimo y tedioso trámite parlamentario que nunca podrá estar concluido en el año 2000; y a principios de aquel año concluye la actual legislatura. La consecución del traspaso de la competencia de tráfico culminó un largo y duro proceso de negociaciones entre la Administración central y la Generalitat para conseguir que los Mossos d"Esquadra fueran la policía responsable de las cuestiones de seguridad ciudadana y orden público. El calendario de despliegue prevé que allá por el año 2008 los Mossos sean la policía ordinaria de Cataluña. Con estas batallas, iniciadas con la Administración del PSOE y concluidas con la del PP, el Departamento de Gobernación y el Gobierno de la Generalitat se dan por satisfechos, ya que no hay más traspasos policiales que plantear ni en este terreno nuevos conflictos en los que hacer valer los 16 votos de CiU. Por ello, Pomés mantiene que la reforma de la ley de fuerzas de seguridad del Estado interesa relativamente a Cataluña y sólo en tanto que supone una adecuación y reconocimiento de las nuevas circunstancias. El consejero piensa que a quien más interesa la actualización de la norma es a la Administración central: "Se trata de poner orden en el conjunto de policías del Estado y quien más policía tiene es el Gobierno central". Desde Esquerra Republicana, las cosas se ven de forma muy distinta. Joan Ridao, diputado autonómico del partido independentista, sostiene que la reforma de la ley se hace necesaria para liberar a los Mossos d"Esquadra de su condición de agentes subsidiarios de las policías de ámbito estatal. Ridao precisa que en aquellas zonas en las que los Mossos no están desplegados como policía ordinaria, que son todas las comarcas excepto la de Girona, la función de la policía autonómica está reducida a un "papel testimonial". "Piénsese", añade Ridao, "que en las zonas donde las competencias las tiene el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil, los atestados y los detenidos de los Mossos tienen que ser entregados a estos cuerpos, que son los autorizados a pasárselos al juez". Ridao plantea la reforma de la ley de fuerzas de seguridad del Estado con el objetivo de cubrir el periodo transitorio; es decir, el que va desde ahora mismo hasta que los Mossos estén desplegados en todas las comarcas catalanas. "El problema grave de subsidiariedad se produce hasta el año 2006 o 2008, fecha en la que en el mejor de los casos, los Mossos serán la policía ordinaria", señala el diputado republicano. Tras la aprobación de la proposición no de ley de ERC, a la que además de CiU se sumaron los grupos del PSC y IC-EV, la Generalitat tiene un plazo de cuatro meses para articular la petición de modificación de la norma ante la Administración central. Como casi todo el verano es inhábil, el plazo de la Administración catalana para comunicar formalmente la instancia del Parlament acaba entre finales de octubre y primeros de noviembre. "Seremos beligerantes si se incumplen los plazos", señala Ridao.