La empresa de aguas de Málaga factura por partida doble el suministro a 45 comunidades de vecinos

Cuarenta y cinco comunidades de propietarios de Málaga han acusado a la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de facturarles el suministro por partida doble; una situación que perjudica en torno a 3.000 personas y que, aseguran, ha reportado a Emasa unos ingresos adicionales cercanos a los 100 millones de pesetas. En siete casos, la Junta de Andalucía ha dado ya la razón a los usuarios al considerar incorrecto el sistema de liquidación de la empresa, ha ordenado el reintegro de los importes cobrados indebidamente y ha instado a corregir el sistema de facturación.

Sin embargo, Emasa no ha ejecutado las resoluciones y ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Rafael Sánchez de Nogués, portavoz de las comunidades afectadas, sintetiza el problema: "Emasa aprovecha el cambio de sistema de contadores colectivos a individuales para hacer una doble facturación con excusas técnicas. Es un robo legal y un abuso". La empresa factura a los usuarios según sus contadores particulares y a las comunidades según la diferencia entre la suma de los registros individuales y el contador general. Según Sánchez, por razones técnicas se produce un desfase entre los dos sistemas que beneficia a Emasa. Pero es más. Aún en los casos en que la comunidad tiene contratado un contador individual para el agua de uso común, la empresa ha facturado éste y también el totalizador. Tanto el portavoz de los afectados como la Junta en sus resoluciones esgrimen el Reglamento de Aguas, según el cual el contador colectivo no se tendrá en cuenta a efectos de facturación en aquellos edificios en los que haya registros individuales. Esta normativa permite incluso que se retire el totalizador si la mayoría de los usuarios tienen su propio contador y forzar así el cambio al nuevo sistema. En sus pronunciamientos, la Junta recuerda justamente la facultad que el Reglamento otorga a la suministradora para levantar acta de inspección y cortar el servicio en caso de que hubieran tomas fraudulentas. EL PAÍS no consiguió recoger la versión de Emasa pero, según Sánchez, la empresa argumenta que no da de baja los contadores colectivos porque las instalaciones no se ajustan a la normativa. El portavoz de los afectados cuestionó que, pese a que las resoluciones de la administración autonómica le ordenan "no seguir facturando las diferencias que pudieran producirse entre el contador totalizador y el conjunto de los contadores individuales", Emasa continúe aplicando el sistema. "Hay más comunidades perjudicadas aparte de las 45 que nosotros representamos, pero por no enfrentarse a la empresa o porque desconocen el Reglamento, siguen pagando", acotó. De las siete resoluciones de la delegación provincial de Industria, dos ya han sido confirmadas por la propia Consejería, de modo que son ejecutivas. "Vamos a instar a la administración andaluza para que, mientras se resuelve el contencioso, obligue a Emasa a cumplir esas disposiciones; y si no lo hace, vamos a exigir que se incoe expediente sancionador", concluyó.