Aldasoro denuncia torturas y frena su extradición de Estados Unidos

Las denuncias sobre torturas presentadas por los abogados norteamericanos del etarra Ramón Aldasoro Mangunacelaia sirvieron ayer para retrasar unas semanas la decisión de un juez federal de Miami sobre si concede o no su extradición a España. El magistrado Ted Bandstra ha concedido diez días a la fiscalía de Estados Unidos para que replique a esas denuncias, que fueron obtenidas en prisiones españolas por el abogado Íñigo Elkoro, de Herri Batasuna.Elkoro, que estuvo presente en la vista celebrada en Miami, ha aportado a los abogados norteamericanos de Aldasoro tres documentos en los que otros tantos miembros del comando Araba, hoy encarcelados, se retractan de la confesiones efectuadas hace nueve años. Dicen que las mismas, en las que implican a Aldasoro en los atentados cometidos por el grupo, fueron obtenidas bajo torturas por parte de las fuerzas policiales.

El juez pidió al ministerio fiscal su réplica a esas denuncias, pero éste no las tenía preparadas, puesto que los escritos recopilados por Elkoro sólo le habían sido entregados hace dos días. El magistrado decidió entonces no tomar ninguna decisión sobre la extradición de Aldasoro, a la espera de que la fiscalía le dé respuesta en los próximos diez días.

Un tiro en la nuca

Aldasoro, Ramón o El Rubio, es el primer etarra detenido en Estados Unidos en este década y podría llegar a ser el primero extraditado desde ese país a España. Fue capturado por el FBI en diciembre pasado en Miami, donde había logrado recrear una falsa identidad como el vendedor de automóviles Gaspar Axpe.Los documentos transmitidos por las autoridades españolas a la fiscalía le relacionan con varios atentados cometidos entre 1983 y 1988, entre otros el asesinato de un tiro en la nuca del general de Aviación Luis Azcárraga cuando regresaba de misa en Vitoria. Su sumario es tramitado por el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional.

La fiscalía insistió en que el juez Bandstra no debía decidir sobre la inocencia o culpabilidad del etarra, que es competencia del tribunal que le juzgará en España, sino sobre la aplicación del convenio de extradición hispano-norteamericano de 1970.

La defensa replicó que el convenio no es aplicable porque los delitos de Aldasoro son "políticos" y las acusaciones de sus ex compañeros sobre su participación en hechos sangrientos fueron obtenidas bajo tortura.

La fiscalía le subrayó al magistrado que los tres etarras que implicaron a Aldasoro sólo se han retractado al cabo de nueve años y le recordó que el departamento de Estado norteamericano incluye a España entre los países respetuosos de los derechos humanos y a ETA entre las organizaciones terroristas. Bandstra, no obstante, decidió que el asunto merecía "mayor análisis".